CC OO ha convocado una concentración ante la sede de la Croem para el próximo 6 de julio para reclamar el desbloqueo de los convenios. El secretario general, Santiago Navarro, explicó este lunes en rueda de prensa que solo 9 de los 42 convenios colectivos de la Región están en vigor, lo que supone que hay «un 70% caducados». El caso más significativo es el de la hostelería, que no se ha renovado desde hace 14 años. Navarro también ha anunciado movilizaciones conjuntas de los sectores que están sin convenio para principios de otoño con el fin de tratar obligar a las organizaciones empresariales a sentarse en la mesa de negociación. Al menos una docena de los convenios expiraron hace más de cinco años.
Esto supone que la mayor parte de los trabajadores de la Región tienen unas condiciones laborales obsoletas y unos sueldos ajustados al salario mínimo interprofesional, dado que las retribuciones no se han actualizado desde hace mucho tiempo.
El distanciamiento que se ha producido en las mesas de negociación está impidiendo, además, la revalorización de los salarios, a pesar de la subida de la inflación que se ha desencadenado desde finales de 2021, con repuntes mensuales de los precios cercanos al 10% algunos meses.
La hostelería supera las cifras de empleo anteriores a la pandemia
El empleo en la hostelería y las agencias de viaje aumentó un 18,3% en la Región en mayo en comparación con el mismo mes de 2021, hasta los 45.847 afiliados, según los datos difundidos este lunes por Turespaña. Murcia es, además, una de las comunidades autónomas en las que el empleo en la hostelería supera las cifras anteriores a la pandemia.
Este incremento se encuentra por debajo de la media nacional (20,7%) y corresponde principalmente a asalariados, cuyo empleo creció un 23,8% en la Región de Murcia, con 36.551 trabajadores de alta, también por debajo de la media (26,4%). En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en Islas Baleares, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Comunidad de Madrid. En términos relativos, destaca el aumento interanual de Baleares, del 81,6%.
El mes de mayo cerró con un total de 2,6 millones de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas en toda España, lo que supone 409.615 trabajadores más que hace un año y 32.962 más que en el mismo mes de 2019. En mayo continúa la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del año pasado. Ha sido, además, el segundo mes consecutivo desde que empezó la pandemia en el que el número de afiliados en el sector turismo ha sido superior al del mismo mes de 2019. Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, al igual que Murcia, superan las cifras prepandemia. Por otra parte, el crecimiento del empleo autónomo fue inferior en la Región que en el conjunto del país, con un 0,7% de aumento, frente al 1,3% de España.
El líder de CC OO en la Región reclama la inclusión en los convenios de una cláusula de revisión salarial que garantice a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo perdido a causa de la escalada de los precios.
Critica que el 70% de los convenios de la Región están caducados, mientras que en España este porcentaje se reduce al 50%.
Además del de la hostelería, que emplea a casi 46.000 trabajadores en la Región en este momento, están sin renovar los del sector agropecuario, hospitales privados, comercio y detallistas de alimentación, entre otros.
Navarro recuerda que en la negociación está bloqueada en el caso del convenio de hostelería y en algún otro a causa de los intentos de la patronal por eliminar el complemento que perciben los trabajadores de baja por enfermedad para completar su sueldo. Las conversaciones se habían iniciado mucho antes de la pandemia, pero no han podido avanzar a pesar de los intentos de mediación.
La negociación colectiva se ha reducido al mínimo el pasado año, según el balance que ofreció el Consejo Económico y Social (CES) hace varias semanas. Los acuerdos publicados en el BORM apenas afectan a 7.640 trabajadores de una población ocupada de 643.000 personas. De ellos, 3.792 trabajan en empresas municipales e instituciones públicas que negocian con el personal laboral unas condiciones diferentes a las que tienen los funcionarios de carrera.
