La Comunidad de Madrid ha cogido la delantera en la vía judicial para paralizar la implantación el próximo curso del currículo de Bachillerato que ha diseñado en un 60% el Ministerio de Educación. “No es una batalla contra nadie. Es una defensa. Ante esta carga ideológica estamos obligados a defendernos”, señaló este lunes la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se ha desmarcado del resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular y ha optado por solicitar al Tribunal Supremo medidas cautelares para poder empezar el próximo curso con los mismos libros de texto y no los nuevos que contempla la 'Ley Celaá’.

Ayuso no ha esperado a conocer cuál es la posición de su partido ante esta posibilidad de frenar el currículo en los tribunales, pero las políticas educativas de Madrid y Murcia en lo referente a los nuevos contenidos, formas de evaluar, escolarización o exámenes de recuperación son similares. Ante el anuncio de Díaz Ayuso, y a consultas de este periódico, la Consejería de Educación, dirigida por la diputada expulsada de Vox, María Isabel Campuzano, señala que aplaude la decisión de Madrid de recurrir al Supremo.

"La Consejería considera oportuno cualquier actuación que se acometa desde cualquier Gobierno autonómico y que vaya encaminada a corregir el desvarío ideológico de los Reales Decretos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional", señalan fuentes de este departamento, que aseguran que seguirán intentando corregir "la carga ideológica que pretende imponer la Lomloe a los alumnos" desarrollando el 40% restante que tienen las autonomías sobre los currículos de enseñanza.

Educación ha optado por no renovar los libros de texto para los cursos de 5º de Primaria y 1º de la ESO, por lo que los escolares seguirán con los viejos tomos obsoletos el próximo año. Sí cambiarán de libros 3º de la ESO, ya que la ley de gratuidad de libros de texto no llega a este nivel de Secundaria, un hecho denunciado insistentemente por la comunidad educativa en las últimas semanas.