El subdirector de Seguridad de la cárcel de Sangonera ha sido cesado en su puesto, confirman desde Instituciones Penitenciarias.

La prisión murciana está siendo investigada en una operación de presunta corrupción, denominada operación ‘Brubaker’ en la que este trabajador no está imputado, aunque las pesquisas continúan abiertas. El presunto cabecilla de la trama está preso.Instituciones Penitenciarias insiste en que se trata de "relevos que se producen de manera habitual", de los cuales no ofrecen más información.

El empleado fue cesado la semana pasada y su puesto ocupado por una subdirectora procedente de Las Palmas, explican fuentes penitenciarias. Aunque está trabajando en Murcia II, la cárcel más grande de la Región, no tiene cargo.

Trabajadores de Sangonera han recibido con sorpresa el cese del subdirector de Seguridad, al que definen como «un buen compañero». Al mismo tiempo, piden que no se les criminalice a todos.  «En prisiones estamos acostumbrados a que no se reconozcan nuestros méritos laborales ni por los políticos de turno ni por el resto de la sociedad, es más, se nos etiqueta constantemente sin tener ningún conocimiento del medio en el que trabajamos», dicen.

«Solo el desconocimiento de ese medio y la ignorancia sobre nuestra labor diaria puede llevar a dudar de la honorabilidad de un colectivo que se desangra desde hace varios lustros por la nefasta gestión de quienes nos gobiernan y que se juega su integridad física y jurídica a diario para poder realizar sus funciones», destacan.

La trama, en marcha

El mes pasado, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Murcia acordó esta madrugada el ingreso en prisión de J.M.S., el jefe de servicio de la cárcel de Sangonera y uno de los seis implicados en la trama, un caso de corrupción que ha sido destapado por la Guardia Civil a raíz de una denuncia de un preso acusando a un jefe de servicio de la prisión murciana de Sangonera la Verde que a cambio de dinero suavizaba su estancia entre rejas.

Varios reclusos del Centro Penitenciario Murcia I y algunos de sus familiares presentaron varias denuncias contra un funcionario de prisiones que, presuntamente, les habría estafado.

También le pagaban a cambio de favorecer su estancia en la cárcel, sin ver luego atendidas esas promesas, que eran tales como tener un mejor menú en las comidas, permitirles ciertas fiestas en el interior del centro penitenciario e incluso facilitarles vis a vis con prostitutas.