El director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, ha sido cesado este miércoles y obligado a dimitir como presidente del PP de Alguazas después de conocerse que ha sido detenido (ya en libertad con cargos), acusado de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude a la Administración Pública.
El operativo, desarrollado por la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Agencia Tributaria, descubrió que Fernández Lladó intentó evitar que Hacienda le hiciera un recargo del 20% a una deuda (cercana a los 100.000 euros) que tiene su empresa de servicios de instalaciones para la construcción a través de la falsificación de un documento del propio Ayuntamiento de Alguazas, del que fue alcalde.
Para lograr su objetivo, se sirvió de varios funcionarios que cooperaron con él y que también están siendo investigados. Se trata de un funcionario de Hacienda, al que se le imputa un delito de cohecho; y un funcionario del Ayuntamiento de Alguazas, sobre el que recae una acusación de falsedad documental. Además, hay tres investigados más: un funcionario de prisiones, acusado de cohecho y estafa; un empresario, acusado de los delitos de cohecho y estafa; y un intermediario, imputado también por cohecho y estafa.
La investigación comenzó en la cárcel de Sangonera, con la presunta estafa a la que estaban siendo sometidos unos reclusos
Antes de llegar al dirigente popular, la investigación comenzó hace un año en la cárcel de Sangonera por motivos bien distintos. Varios reclusos del Centro Penitenciario Murcia I y algunos de sus familiares presentaron varias denuncias contra un funcionario de prisiones que, presuntamente, les estaba estafado. Le acusan de haberles pedido préstamos con la promesa de devolvérselos con beneficios. Solo de esta forma recibió, al menos, 40.000 euros, aunque fuentes cercanas al caso sospechan que la cifra puede ser mucho más elevada.
También le pagaban a cambio de favorecer su estancia en la cárcel, sin ver luego atendidas esas promesas, que eran tales como tener un mejor menú en las comidas, permitirles ciertas fiestas en el interior del centro penitenciario e incluso facilitarles vis a vis con prostitutas.
Por otra parte, este funcionario también hacía otro tipo de favores, cobrando por ellos, a algunos empresarios a los que ponía en contacto con reclusos de la cárcel para que hicieran de sus testaferros o para crear empresas pantalla.
La Guardia Civil fue tirando del hilo desde el funcionario de prisiones hasta llegar a uno de estos empresarios que suelen actuar al límite de la legalidad, si no de forma ilegal (este, en concreto, tenía antecedentes penales por alzamiento de bienes tras un delito fiscal), y que, a su vez, buscan conseguidores o intermediarios con la administración pública. Es a través de esta figura como entra en juego el director general de Carreteras de la Comunidad Autónoma.
El expresidente del PP de Alguazas se valió de un funcionario de Hacienda y otro de su Ayuntamiento para engañar al fisco
Fernández Lladó se pone en contacto con un intermediario, ya jubilado y bajo la lupa de la Guardia Civil, para averiguar de qué manera puede evitar el pago del recargo del 20% de una deuda de su empresa por no haber pagado en tiempo y forma. Esta persona le aconseja hablar con un funcionario de Hacienda para que le explique cómo eludir su obligación con el fisco, que pasa por presentar un documento en el que se indique que se ha intentado paralizar el recargo con anterioridad.
El ya cesado director de Carreteras consigue la participación en la trama de un funcionario del Ayuntamiento de Alguazas para que elabore ese documento, señalando que, en la ventanilla municipal, el registro de entrada de solicitudes de Hacienda estaba inoperativo cuando solicitó la cancelación del recargo. Al recibir el documento fraudulento, fechado en el mes de octubre, el funcionario de Hacienda aceptó la falsificación y le perdonaron el pago a Fernández Lladó.
Según ha podido saber LA OPINIÓN, el pasado lunes el operativo realizó cinco registros: al domicilio del funcionario de prisiones y la propia prisión donde trabaja, a la casa del funcionario de Hacienda, a las oficinas del empresario investigado y al domicilio del intermediario.
El director de Carreteras compareció está mañana, reconoció los hechos y se le volverá a llamar para que preste declaración en el juzgado que instruye la causa. El titular del juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, ha acordado (hasta las 18.00 horas) la libertad para otros dos de los detenidos y aún no ha resuelto sobre la situación de los tres detenidos más, puestos a disposición judicial y que aún no han prestado declaración.
