Las investigaciones judiciales a las empresas agrícolas del Campo de Cartagena acusadas de los vertidos de salmueras y de nitratos que causan la contaminación del Mar Menor quedarán desperdigadas entre los juzgados de Murcia, Cartagena y San Javier. La Audiencia Provincial ha negado al juez que instruye el llamado caso Topillo las competencias para continuar las pesquisas contra 43 empresas incluidas en la pieza separada abierta el pasado verano para investigar un nueva lista de explotaciones acusadas de realizar vertidos contaminantes, que fue desgajada de la causa original para evitar retrasos, dado que se encontraba muy avanzada. En un auto dictado a raíz del recurso de uno de los agricultores imputados, la Audiencia ha resuelto que los juzgados de Cartagena y de San Javier asuman la investigación a estas compañías.
El juez del caso Topillo, el magistrado Ángel Garrote, no podrá ampliar la investigación por vertidos contaminantes al Mar Menor a estos 43 agricultores y empresas, tal y como se proponía, al haber resuelto la Audiencia Provincial que carece de competencia para ello.
A través del auto en el que se estima el recurso presentado por uno de los nuevos investigados, el tribunal señala que la competencia corresponde a los juzgados de instrucción de San Javier y Cartagena, por tener las empresas sus sedes en poblaciones pertenecientes a esos partidos judiciales.
En consecuencia, añade, Garrote deberá inhibirse a favor de esos juzgados en lo referido a la pieza separada que abrió el pasado verano para investigar a las 43 compañías detectadas cuando la investigación inicial se encontraba muy avanzada.
En la causa principal que instruye el mismo magistrado aparecen como investigadas más de un centenar de personas y empresas agrícolas, a las que se atribuye la contaminación del medio natural por los presuntos vertidos de sus plantas desalobradoras bien a ramblas, que desembocaban finalmente en el Mar Menor, o al acuífero subterráneo.
El magistrado que ha venido investigando a las empresas sorprendidas con desalobradoras clandestinas y a los responsables de las instituciones públicas encargadas de vigilar las actuaciones causantes de la contaminación de la laguna salada abrió la pieza separada el pasado verano a partir de un atestado del Seprona de la Guardia Civil, tras analizar la documentación facilitada por la empresa Hidrotec, investigada por suministrar desaladoras y encargarse de su instalación y mantenimiento.
En este atestado la Benemérita concluía que «hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente», según el auto del juez al que tuvo acceso esta redacción.
Tras la decisión de la Audiencia, las diligencias quedarán repartidas entre el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, del que es titular Ángel Garrote, y los juzgados de Cartagena y San Javier a los que se les asignen.
Doscientas desalobradoras ilegales detectadas
Las inspecciones realizadas desde que se iniciaron las investigaciones a las empresas acusadas del vertido de salmueras y residuos de los fertilizantes utilizados en la agricultura han permitido localizar y precintar algo más de 200 desalobradoras ilegales, que han sido precintadas en el Campo de Cartagena y en la zona de Alicante, según el balance que hizo público el Ministerio de Transición Ecológica el pasado verano. El uso de estas plantas destinadas a tratar las aguas subterráneas contaminadas por nitratos y con altos niveles de sanilidad procedentes del acuífero del Campo de Cartagena ha dado lugar a la apertura de más de 650 expedientes.
