El terremoto político de este jueves en la Región de Murcia tuvo la firma de la consejera de Educación, María Isabel Campuzano. El debate del lenguaje inclusivo lleva coleando unos días en la comunidad desde que el miércoles los expulsados de Vox presentaran en la Asamblea regional una moción en la que se pedía la prohibición del «mal llamado ‘lenguaje inclusivo’» bajo pena de multa en la Administración regional, un texto que fue descafeinado por el Partido Popular y que pasó a pedir sanciones ante el mal uso del español en las instituciones murcianas.
Durante la presentación de la campaña de promoción de las elecciones a los consejos escolares de los centros educativos en la Región, la consejera de Educación señaló que su departamento trabajará para eliminar el lenguaje inclusivo de los libros de texto una vez el Ministerio de Educación haya actualizado y aprobado los nuevos currículos escolares para Primaria, Secundaria y Bachillerato. Algunos de estos currículos deben entrar en vigor a partir del próximo curso en distintos cursos escolares, por lo que la titular de Educación quiere optar por escoger nuevos libros de enseñanza donde no se incluyan estas formas de expresión que abarcan las referencias para masculino y femenino.
Campuzano defendió que su departamento quería abordar esta cuestión como ya lo han hecho «países como Francia o Alemania» y también comunidades como Andalucía. «Hemos propuesto corregir en los libros de texto lo que dificulta la comprensión de los alumnos», subraya la consejera, ya que para ella esto es «una cuestión educativa que le debe importar a la Consejería».
Ante el impacto político y social de la medida, la Consejería matizó más tarde que lo que hará el próximo año es enviar a los centros educativos una serie de recomendaciones, de carácter orientativo, «para elegir aquellos libros de texto que no tienen un uso excesivo del lenguaje inclusivo». Educación no tiene la potestad para escoger los libros de texto, algo que deben hacer los centros sin contar con una autorización previa del departamento de Campuzano, que tampoco puede interceder en la elaboración de estos tomos por parte de las editoriales.
La intención es apostar por libros de texto donde no exista «ese forzamiento del lenguaje que se hace muchas veces para introducir el lenguaje inclusivo, que perjudica la comprensión de los alumnos», una línea de trabajo que la titular de Educación califica de «sentido común». Por otro lado, el director general de Centros Educativos, Jesús Pellicer, ha remarcado que los nuevos consejos escolares escogerán un representante que impulse en el centro acciones o medidas educativas que favorezcan la «igualdad real y efectiva» entre hombres y mujeres, algo que también contemplará «el lenguaje inclusivo».
Analizar la moción
La portavoz y consejera Valle Miguélez señaló este jueves que el Gobierno regional estudiará los requisitos que vienen recogidos en la moción sobre el lenguaje inclusivo que propuso Vox y que fue enmendada por el grupo parlamentario popular. «Veremos ese tipo de sanciones que refleja el documento, pero lo importante es cumplir la ley y si el poder legislativo ha decidido que se realicen ese tipo de actuaciones nosotros estamos obligados a cumplir». Miguélez subrayó también que para el Ejecutivo regional «tienen cabida todas las personas» y respetan las formas de expresión que se den.
La comunidad educativa se planta ante la «ocurrencia» de Campuzano
La FAPA Juan González respondió a las declaraciones de la consejera Campuzano recordando que el lenguaje inclusivo «no dificulta la comprensión de los alumnos y alumnas». En tal caso, señalan, «lo que dificulta la competencia lectora es no invertir en profesorado, ni en bajadas de ratios, ni en educación pública», señala la portavoz Clara García.
Desde los sindicatos, CC OO, UGT, SIDI o STERM mostraron su rechazo a las palabras de la consejera. Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de CC OO, señalaba que los centros educativos no están para «aguantar estas humillaciones» y acusa a la consejera de «inventar cada semana maniobras de distracción para ocultar su absoluta incompetencia». Desde el STERM reflejaron de la consejera que «sus ocurrencias son la única forma que tiene de llamar la atención y abandonar así la intrascendencia política en la que la ha situado su propia incompetencia». Para UGT supone «un claro retroceso en el camino hacia la igualdad y en el respeto a los derechos fundamentales. El lenguaje no debe usarse como un arma sino como un instrumento que se va adaptando a la evolución de sus hablantes».
Desde formaciones políticas como PSOE y Podemos rechazaron también las intenciones de la consejera de Educación, mientras que desde el ámbito agrario, la asociación de mujeres rurales Fademur destacó que «las feministas llevamos más de tres siglos a la espalda defendiendo nuestros derechos. Uno de esos derechos es la visibilidad de la mujer en todos los aspectos, incluido el lenguaje».
