El Consejo de Ministros dio carpetazo ayer finalmente a la posibilidad de declarar el Mar Menor como zona catastrófica, como ya adelantó LA OPINIÓN. El Gobierno de la Región de Murcia había solicitado esta calificación para la laguna a la espera de poder recibir ayudas económicas, que habrían ido destinadas tanto a personas físicas como jurídicas.
El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para instarlo a que declarase el área de la laguna salada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, por encontrarse entre los espacios que han sufrido catástrofes naturales este verano.
Ante esta petición, la respuesta del Gobierno central ha sido contundente. Rechazan que se trate de una catástrofe natural, ni consecuencia «de un conflicto de competencias» entre administraciones. Directamente apuntan a la «dejación de competencias» por parte del Gobierno regional y a «años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas con el medio ambiente» en ese espacio natural.
Así lo explicó ayer la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien hizo referencia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al deterioro ambiental que sufre el Mar Menor y que ha supuesto hasta ahora la muerte de más de cinco toneladas de peces y crustáceos por «anoxia».
Por su parte, López Miras mostró su decepción ya que «confiaba en que nos tenderían la mano ante la situación que estamos viviendo, pero nada ha cambiado. Mentiras, excusas y confrontación política. Una lástima». Además, criticó que el Estado no responda en consecuencia al tratarse de «una crisis medioambiental, de carácter nacional como la del Prestige, en la que el Ejecutivo central invirtió 1.000 millones de euros».
Tirón de orejas a la Comunidad
«El Gobierno de España está plenamente comprometido en buscar soluciones a lo que está ocurriendo en el Mar Menor», aseguró la ministra. Además, hizo hincapié en que lo que sucede en la laguna «no es algo que ocurra en un día ni en un fin de semana», sino el resultado de «años de dejación» de las competencias que tiene encomendadas el Gobierno murciano.
Rodríguez insistió en que la solución pasa por que cada administración ejerza sus competencias y por que el Gobierno de la Región de Murcia ejecute las sanciones que correspondan para acabar con la situación «lesiva» que representa el vertido diario de más de 4.000 kilos de nitratos en la laguna salada.
Por otro lado, recordó que el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente «han instruido ya 800 expedientes», en lugar de haberlo hecho el Gobierno de Murcia, «que es el órgano competente».
Por parte del Gobierno, aseguró que se ha declarado al acuífero en riesgo químico «sin el apoyo, por cierto, del Gobierno murciano», y que se ha hecho por «una cuestión medioambiental», pero también porque el estado del Mar Menor afecta a la exportación de productos agrícolas y «a la reputación de nuestra economía en el sector turístico».
"Motivos políticos"
La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría tanto en el Partido Popular como en el propio Gobierno autonómico. Ambos coinciden en que la negativa a incluir el Mar Menor en la lista de zonas catastróficas se debe a «motivos políticos diseñados con el único objetivo de atacar a la Región» y «con argumentos falsos que solo buscan confundir y esconder su inacción, pero que se desmontan fácilmente».
Desde la formación popular, su portavoz, Miriam Guardiola, retó al Gobierno de España a que «si quiere denegar la declaración del Mar Menor como zona gravemente afectada, que lo diga, pero que no se invente excusas».
Según Guardiola, en la normativa para esas zonas «se recoge que se tendrá en cuenta que se hayan producido daños personales o materiales, así como la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales», algo que podría haber constatado el Gobierno de España «si hubiera aparecido durante estos 8 días, de primera mano».
El choque de los regadíos ilegales
El consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo ironizó ayer sobre la situación de los regadíos ilegales: «A día de hoy no debe haber ni un solo metro de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor, ya que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ministerio de Transición Ecológica, que tienen las competencias para sancionar y prohibir el uso de agua, deberán garantizar que así sea».
Según Luengo, los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia han determinado que debe ser la CHS la encargada de actuar contra las empresas contaminantes. «No podemos tomar una decisión en contra de un informe jurídico, ya que sería una actuación ilegal», señaló.
Por otro lado, el presidente del PP, Pablo Casado, solicitó ayer que partidos y administraciones dejen de «tirarse los trastos a la cabeza» y pidió que «si hay una solución, hay que hacerlo ya». Además, exigió al Gobierno de España que, si no interviene, transfiera las competencias de Costas a la Región de Murcia «para que lo haga con fondos propios». Casado calificó de «injusto» que se responsabilice al PP, «que somos los que venimos denunciando esto hace años».
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, cargó contra PP y PSOE por su «calamitosa» gestión del Mar Menor y defendió la propuesta de su partido de abrir las golas -que ya fue rechazada en el Congreso en 2019 y cuenta con la oposición de toda la comunidad científica y los grupos ecologistas - para «dar una solución definitiva y en muy poco tiempo».
«Los políticos del PSOE vuelven a criminalizar a la agricultura y no al estado lamentable de sus saneamientos», destacó.
