La Comunidad Autónoma ha incorporado a 26.000 empleados en las últimas dos décadas y ha alcanzado este año un récord, con 61.105 personas en nómina, 5.385 ellas pertenecientes a las universidades públicas, según los datos recogidos en el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda. Después de diez años de recortes, la plantilla de la sanidad y de la educación no universitaria han registrado un aumento vertiginoso motivado por la pandemia de coronavirus y por las generosas convocatorias de plazas en oposiciones.
En enero de 2002 la Administración regional empleaba a 35.022 funcionarios, una cifra que se ha crecido un 75% desde entonces.
Entre enero de 2020 y enero de este año la nómina de la Consejería de Salud ha sumado a 3.636 sanitarios, mientras que Educación ha incorporado a 3.259 profesores. Entre estos dos departamentos suman casi 6.900 empleados más en apenas doce meses, aunque su permanencia dependerá de la covid.
Sin embargo, la plantilla de 24.312 profesores no universitarios que la Consejería tenía en nómina a principios de 2021 para poder atender las necesidades creadas por la pandemia en las aulas sigue estando ligeramente por debajo del número de docentes del año 2010, ya que entonces había 70 más.
La sanidad pública emplea a 24.122 profesionales, una plantilla que nunca antes se había alcanzado. Desde 2010 el personal sanitario se ha mantenido en torno a los 20.000 efectivos, a pesar de la apertura de nuevos centros sanitarios, como el Hospital Santa Lucía de Cartagena, inaugurado en 2011.
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha roto así una tendencia a la reducción de efectivos, que llevó a la Comunidad a prescindir de buena parte de los empleados eventuales y a dejar de cubrir incluso las vacantes de los funcionarios que se jubilaban, debido a las limitaciones en la tasa de reposición impuestas desde el Ministerio de Hacienda.
En 2012 la plantilla había marcado un récord que no ha llegado a superarse hasta este año, cuando se han superado los 61.100.
Antes del ajuste que aplicó la Comunidad para acompasar sus gastos a los maltrechos ingresos que pudo conservar cuando se paró el sector inmobiliario y el paro se desbocó, la Administración regional alcanzó los 58.761 empleados, apenas 3.000 menos que ahora.
Sin embargo, un año después, habían salido 7.000 personas, como resultado de la marcha de miles de interinos y trabajadores eventuales, debido en parte a la fusión de consejerías y a la desaparición de decenas de empresas públicas, que fueron borradas del mapa bajo la estricta supervisión del Ministerio de Hacienda, que ocupaba entonces Cristóbal Montoro. En 2014 la Administración regional apenas superaba ya los 52.000 funcionarios.
La remontada empezó a producirse en 2016 y se ha acelerado en los últimos ejercicios, cuando el Gobierno central ha permitido volver a convocar oposiciones. Así en enero de 2020, antes de que la pandemia lo trastocara todo, la plantilla autonómica alcanzaba los 54.250 empleados.
En toda España el personal de las comunidades autónomas ha aumentado un 20,41% en los últimos diez años, mientras que en la Región este porcentaje se reduce al 18%, según los datos del Ministerio de Hacienda.
Madrid es la que más ha incrementado sus efectivos (un 28,92%), seguida de la Comunidad Valenciana (27,87%) y Cataluña (27,55%).
Administración y Servicios pierde 2.500 empleados en 20 años
El número de funcionarios de Administración y Servicios adscritos a las consejerías y a los organismos autónomos de la Comunidad se ha reducido en casi 2.500 personas desde 2002, según los datos que recoge el Ministerio de Hacienda en su boletín semestral correspondiente al 1 de enero de este año.
En los servicios administrativos había casi 10.000 funcionarios hace dos décadas y seguía rozándose esta cifra en 2010, aunque a partir de entonces empezó un adelgazamiento, que se ha roto por primera vez este año, con la incorporación de 290 personas.
La Consejería de Hacienda atribuye la reducción de efectivos en Administración y Servicios a «los avances tecnológicos, que han permitido una mayor eficacia en las tareas que lleva a cabo el personal que desarrolla en las Consejerías lo que podríamos denominar labor de ‘despacho’».
Este departamento explica que «se ha realizado una clara apuesta por ofrecer a los ciudadanos unos servicios esenciales de calidad, lo que ha implicado un notable incremento de personal en las áreas educativas, sanitarias y asistenciales».
Recuerda que tras la crisis de 2008 «las administraciones tuvieron que reducir su tamaño, pero en los últimos cuatro años se está produciendo un aumento neto de empleo público en todos los sectores. Y, por supuesto, la estadística refleja asimismo el importante esfuerzo que se ha tenido que hacer por la pandemia en las áreas asistenciales».
