Ni sostenible ni viable económicamente. El plan diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica para reducir los aportes del trasvase Tajo-Segura y sustituirlos con agua desalada a partir del año que viene no solo amenaza con secar en unos años el acueducto, sino que representa un atentado ambiental y de costes al quintuplicar la necesidad de energía eléctrica, y hoy en día en España solo un 50% de la electricidad proviene de fuentes no renovables. Según el plan hidrológico del Tajo presentado la semana pasada, el Ministerio pretende elevar 200 metros el agua desalada en Torrevieja hasta la presa de Ojós (Murcia), que está a 60 kilómetros, para incorporarla así a los canales del trasvase, lo que provocará que cada metro cúbico de agua desalada necesite consumir 5 kw/hora, cinco meces más que la que cuesta la electricidad para producir el agua del trasvase. En total, y según los cálculos del Instituto Universitario de Geografía y del Instituto del Agua, ambos del a Universidad de Alicante, el coste económico añadido energético se eleva a 24 millones de euros al año al costar 0,6 euros/m3 por los diez céntimos de euros actuales. Los agricultores deberán pagar ya 40 hm3 de agua desalada, los que se recortan al trasvase, a ese precio. Hasta ahora esos 40 hm3 representaban un coste de 4 millones de euros.
El Gobierno apuesta unilateralmente por un plan carísimo y lesivo desde el punto de vista ambiental sin tener, además, ninguna alternativa real en inmediata, ya que las obras y la inversión prometida para producir más agua desalada y barata al utilizar energía fotovoltaica no será efectiva hasta dentro de seis años. Es decir, que no habrá infraestructura alternativa hasta 2028, mientras que la reducción del agua que llega del Tajo se producirá ya a lo largo de 2022, cuando está previsto que entre en vigor el aumento de un metro cúbico por segundo en el caudal del río en Aranjuez.
Una zona donde, además, y según apuntan desde el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, las masas de agua están completamente limpias. «El gran problema del río se produce aguas más abajo, cuando al cauce llega todo el caudal mal depurado de Madrid. Ahí está el problema a solucionar y no en reducir los aportes», subraya Antonio Rico, director del Instituto.
Otro tema 0que empieza a ser cuestionado es sí, realmente, la reducción de las lluvias en los últimos años, es la causa directa de que disminuyan las reservas de agua en la cabecera. Desde el Instituto se advierte de que aparte del cambio climático como responsable de la reducción de lluvias -los expertos coinciden en el hecho, pero no en los porcentajes de merma, porque, incluso, en la provincia de Cuenca han aumentado las precipitaciones, hay que tener en cuenta una cuestión no menos importante, como es el abandono de los usos tradicionales del suelo en la cabecera del Tajo, donde se observa un crecimiento de la masa foresta. ¿Motivo? Al desaparecer la agricultura y la explotación maderera aumenta la vegetación que necesita agua para crecer y mantenerse.
Por otro lado y en relación recorte de los envíos de agua del Tajo, Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique de Elche y técnico que participó en la elaboración del memorándum del Tajo aún en vigor advierte, calcula que si el Gobierno mantiene la hoja de ruta marcada por el Plan Hidrológico del Tajo, en 2027 el «tajo» real al caudal (200 hm3), que llega todos los años para el regadío de Murcia y Alicante será de 147 hm3 al año. Cifra que sale de sumar los 97 hm3 menos producto del progresivo aumento del caudal al pasar de los 6 m3/segundo actuales a los 8,6 m3/segundo, a los 50 hm3 reservados abastecer a los municipios manchegos.
Un informe elaborado por los ingenieros Francisco Cabezas y Ángel Urbina, que forma parte del conjunto de alegaciones presentado al futuro plan hidrológico del Tajo revela que el aumento del caudal ecológico del Tajo en 2022 provocará finalmente un recorte de 130 hm3 anuales del trasvase si se mantiene el recorte de los 8,52 m3 por segundo que, ahora mismo, el que aparece negro sobre blanco en el plan del Tajo, donde sola aparece un caudal ecológico de 7m3/segundo entre julio y septiembre de cada año entre 2022 y 2027, a diferencia de lo que anunció el Ministerio para la Transición Ecológica la semana pasada.
Piden a la Fiscalía investigar la gestión de la desalinizadora de Valdelentisco
Una empresa agrícola con sede de Pilar de la Horadada (Alicante) ha pedido a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia que investigue si en torno a la explotación de la desalinizadora de Valdelentisco se han podido cometer los presuntos delitos de prevaricación omisiva, usurpación de funciones y daños. Así se recoge en la denuncia presentada en nombre de esa sociedad por el letrado murciano Javier Pérez, que ha pedido a la fiscalía que investigue los hechos recogidos en la misma y que solicite numerosa documentación a los organismos afectados a efectos de corroborar sus afirmaciones.
La denuncia tiene su origen en los numerosos expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a los regantes que, pese a tener suscrito un convenio con ACUAMED para el suministro de caudales de dicha planta, se han encontrado con que son sancionados por el órgano de cuenca por no contar con la concesión de este.
Dice el letrado que los agricultores suscribieron en su día convenios de suministro de agua desalada «a los que ahora no se da relevancia jurídica alguna, consecuencia de lo cual es la apertura de multitud de expedientes sancionadores, pese a que se les exigió un aval para garantizar su consumo».
