La batalla por el agua y el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura no es la única guerra en la que está inmersa la agricultura de la Región de Murcia. Durante los últimos meses la atención se ha centrado mucho en procesos como la votación en el Consejo Nacional del Agua sobre los cambios en las reglas de explotación del acueducto o en la cantidad fija que tendrían los caudales ecológicos del Tajo en el nuevo plan hidrológico correspondiente al tercer ciclo que abarca la gestión de las demarcaciones de cuenca hasta 2027.
Frente a esto, precisamente en los últimos días se ha reavivado el conflicto que atañe a gran parte de la agricultura murciana por la competencia con terceros países. Los planes de Marruecos de edificar 5.000 hectáreas de invernaderos para cultivar tomates en pleno Sáhara Occidental ha encendido los ánimos de unos agricultores no solo murcianos sino también de otras comunidades por la pérdida en la cuota de mercado que puedan tener en Europa por la competencia desleal. Las organizaciones agrarias vienen demandado un mayor control de Europa y España sobre las exportaciones extracomunitarias.
El balón de oxígeno que ha supuesto el fin del conflicto aéreo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que conlleva la eliminación de los aranceles a los productos agroalimentarios durante cinco años, ha sido bien recibido entre los productores de vino, queso o limón, los más afectados, pero estos últimos recuerdan que en el campo de las exportaciones sigue habiendo un problema, por ejemplo, en los cargamentos de cítricos que llegan afectados por plagas desde países como Argentina al Puerto de Cartagena.
En casa, los problemas siguen ante la falta de rentabilidad de muchas explotaciones por los precios irrisorios que cobran los agricultores por sus cultivos. Unos precios que a veces no llegan a cubrir los costes de producción y que evidencian que la renovada Ley de la Cadena Alimentaria, que entrará en vigor en noviembre, tiene complicado impedir los abusos entre lo que reciben y lo que se encuentran luego en los lineales de los supermercados. Frente a esta falta de rentabilidad, el Ministerio de Agricultura ha sacado a información pública el anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario con el objetivo de poner fin a excedentes agrícolas y lograr una producción más sostenible. Este proyecto iría encaminado a eliminar escenas como las toneladas de frutas o verduras sin recoger en los campos de la Región y que han ocasionado el enfado de distintos colectivos vecinales y ecologistas por el desperdicio de los recursos hídricos y la explotación de los acuíferos.
En la vertiente ambiental, el sector primario no logra apartarse los focos por las prácticas que han llevado durante años a, por ejemplo, la contaminación del Mar Menor, la presión sobre otros espacios protegidos o la roturación de terrenos de alto valor ecológico. Desde que se aprobó la Ley del Mar Menor, el sector lleva tiempo adaptándose a una nueva normativa en el Campo de Cartagena por la que han protestado ante la falta de medios y la fuerte inversión que deben hacer. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene trabajo durante los próximos años en la lucha contra la sobreexplotación de las masas de agua por el regadío o atajar la contaminación de los ríos por los vertidos agrícolas.
Otro problema nace de los abusos laborales en el campo y las continuas denuncias y operaciones policiales contra la explotación de jornaleros o las pésimas condiciones de trabajo. Unas circunstancias por las que los sindicatos reclaman una mayor inspección en las exploraciones agrarias y que incluso ha sido objeto de reproche de la Fiscalía de la Región de Murcia por la explotación de los trabajadores extranjeros.
La PAC que llega
La Política Agrícola Común (PAC) busca un nuevo camino más verde de cara a 2023 y el pasado viernes la Unión Europea alcanzaba un acuerdo que desbloqueaba varias cuestiones pendientes de resolver desde hace años. La Consejería de Agricultura había reclamado recientemente al ministro Luis Planas tener en cuenta los condicionantes climatológicos y edafológicos del territorio para una distribución más justa de las ayudas y una definición de los ecoesquemas que no perjudique al sector primario.
