El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a información pública un nuevo impuesto que obligará a los ayuntamientos a pagar por la basura que depositan en las plantas de residios. Este nuevo tributo gravará los depósitos en vertederos y la incineración de basuras con el fin de integrarlo en el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En la Región ya existe un impuesto de residuos, pero los vertidos municipales están exentos, según informaron fuentes de la Consejería de Hacienda. Los consistorios tendrán que abonar cuando entre en vigor 40 euros por tonelada entregada en los vertederos y 20 euros por tonelada si la basura va destinada a la incineración. Para las empresas y el resto de usuarios la cuota se establece en 20 euros para los residuos no peligrosos, cinco por los peligrosos y tres por los inertes. En caso de incineración, los residuos no municipales pagarán 3 euros por tonelada destruida.

El Gobierno central contempla este nuevo impuesto como un tributo cedido, que puede ser gestionado por las comunidades y que incluso podría recogerse dentro del sistema de financiación autonómica. El tipo impositivo variará en función de la clase de residuo y de la tipología del vertedero (vertedero de residuos no peligrosos, peligrosos o e inertes) o instalación de incineración de residuos (instalaciones de eliminación o de valorización energética). «Gravará en mayor medida el depósito en vertedero frente a la incineración, en línea con la jerarquía en materia de gestión de residuos», según ha avanzado el Ministerio, con el fin de evitar la acumulación y fomentar el reciclaje.

La recaudación del nuevo tributo se atribuye a las comunidades autónomas, que disponen de competencia en materia de gestión de residuos, «por lo que tendrán capacidad para determinar, en su caso, que el importe recaudado pueda destinarse a la financiación y mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos y a otras actuaciones ambientales».

Fuentes de la Consejería de Hacienda precisaron que, «dado que sustituiría al impuesto propio que la Comunidad ya aplica sobre almacenamiento y depósito de residuos en vertederos, la Región de Murcia experimentaría una reducción de competencias normativas, si bien mantendría las de gestión, liquidación, recaudación e inspección, salvo la gestión censal y contestación a consultas tributarias».

El tributo se aplicará cuando se realice la entrega en los vertederos o en las incineradoras, cuyos titulares tendrán que inscribirse en un nuevo registro a tal efecto.

La Consejería ha destacado que, «curiosamente, las cuotas estatales para residuos peligrosos (cinco euros) están por debajo de los 15 euros establecidos por la Comunidad en la normativa autonómica».

El Ministerio defiende que «la adopción de este instrumento fiscal se encuentra totalmente alineada con las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España en el ámbito de la economía circular y los residuos» y con «el cumplimiento de la Estrategia Española de Economía Circular - España Circular 2030 - aprobada en junio de 2020».

Uno de los objetivos es evitar "el turismo de residuos"

El Ministerio para la Transición Ecológica presenta el nuevo impuesto que está en fase de exposición pública como una forma de evitar «el turismo de residuos». Según informó el Departamento de Teresa Ribera, «varias comunidades autónomas tienen regulado algún tipo de canon o impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos o, con menor frecuencia, sobre la incineración. Sin embargo, existen diferencias entre ellos, tanto en el tipo impositivo, como en la tipología de residuos que son gravados . Esta falta de homogeneidad da lugar al denominado ´turismo de residuos' en particular hacia las comunidades autónomas que no tienen este tipo de gravámenes». Además de evitar estos desplazamientos, el nuevo tributo es considerado como una forma de disminuir los vertidos.