La Federación de Municipios de la Región da por hecho que el nuevo impuesto sobre el vertido de residuos que va a crear el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no solo encarecerá el coste de la recogida de basuras, sino que obligará incluso a modificar los pliegos de los contratos que los ayuntamientos tienen suscritos con las empresas encargadas de prestar este servicio. Inevitablemente, este encarecimiento tendrá que trasladarse al recibo que pagan los vecinos a partir de 2022, cuando está prevista la aplicación del canon que se encuentra en exposición pública.

Además, la nueva Ley de Residuos a la que está vinculado el nuevo impuesto obligará a los consistorios a instalar el quinto contenedor en la calle destinado a los restos exclusivamente orgánicos en un plazo de dos años o tres años, lo que añadirá nuevas exigencias a la gestión de este servicio municipal.

El secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Manuel Pato, recordó que la nueva Ley de Residuos a la que la que está vinculado el canon obliga a reducir al 10% el volumen de la basura procedente de los contenedores de residuos orgánicos, que en este momento alcanza el 50%, destinándolo al compostaje.

Esto supone que, además de separar totalmente los residudos de carácter orgánico, como los procedentes de los alimentos, del resto de productos que en este momento también van al contenedor verde, como la arena de las mascotas, solo podrá ir a los vertederos una mínima parte de la basura que están recibiendo en este momento.

Manuel Pato avanzó que la Federación de Municipios de la Región tendrá que abordar la repercusión de la reforma a lo largo de este año, dado que «el plazo más laxo» para la instalación del quinto contenedor terminará en 2023.

No obstante, apuntó que la Federación de Municipios y Provincias nacional, que preside el socialista Abel Caballero, se reunirá este lunes para aprobar sus propuestas al nuevo impuesto que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública. El plazo de presentación de las alegaciones, que se abrió el 17 de diciembre, termina este lunes día 11 de enero.