El que fuera interventor general de la Comunidad Autónoma entre 2004 y 2018, Eduardo Garro, reconoció ante el juez que no habría sido normal que el el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel le hubiera pedido informes sobre la desaladora de Escombreras. Garro, que prestó declaración este viernes en la causa abierta para investigar si el expresidente intervino en los contratos con las empresas del grupo ACS, no aclaró si la Comunidad tendría que afrontar el préstamo concedido por Banesto al grupo constructor de la desaladora de Escombreras en el caso de que la sociedad que promovió la planta no devolviera el dinero.
Garro hizo esas manifestaciones al declarar como testigo en la pieza separada del caso La Sal, que se investiga en un juzgado de instrucción de Murcia y en la que figura como único investigado Valcárcel, expresidente de la Comunidad y exvicepresidente del Parlamento Europeo.
El interrogatorio a Garro dio comienzo con las preguntas formuladas por la magistrada que dirige las investigaciones, quien quiso saber si el expresidente del Consejo de Gobierno podía pedir informes a la Intervención General. A esa pregunta contestó que no sería normal que lo solicitara, ya que en esa condición no podía, dado que el presidente del Consejo de Gobierno no es un órgano gestor de gasto, como sí lo son Presidencia y las demás consejerías, que sí están facultadas para reclamarlos
El abogado de Valcárcel, Fernando Adame, le preguntó si, según el contrato conocido por 'comfort letter', el documento remitido por la dirección del Ente Público del Agua a Banesto para respaldar el crédito que financió la desaladora, la Comunidad habría tenido que asumir la devolución del préstamo concedido al Grupo Cobra, en el caso de que el órgano creado por la Consejería de Agricultura para gestionar el agua no cumplieran los compromisos de los contratos. Garro dijo que no se atrevía a contestarla, «porque no lo había estudiado».
