Los abogados penalistas de la Región se han quedado prácticamente sin trabajo por la bajada de la delincuencia a causa del confinamiento y la suspensión de juicios, mientras los laboralistas y mercantilistas se encuentran desbordados y pueden llegar a hacer perfectamente jornadas diarias de más de doce horas ante la avalancha de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y de la situación crítica de decenas de compañías.

Se trata de las dos caras de la misma moneda, que revelan el profundo impacto que la pandemia de coronavirus está teniendo en el sector de la abogacía. Los letrados lamentan que la situación va para largo y auguran que puede darse un colapso en los servicios de la Administración que han de tramitar los ERTE.

Juan José Castaño, penalista y socio fundador de Abocálitas, en Murcia, explica que en la Región «hay despachos que no dan abasto, (mercantilistas, laboralistas...) y otros a los que se les presenta una situación complicada (penalistas, civilistas...)».

«Nuestra realidad, en la parte del ejercicio penalista del derecho, es la ausencia total de clientes que acuden a los despachos, primeramente por la imposibilidad de poder deambular libremente», indica el letrado.

Asimismo, pone el acento en «la bajada de actividad delictiva», así como en «la limitación de los juzgados, cuya operatividad se encuentra restringida a los casos de urgencia, como causas con preso, violencia de género, quedando todo lo demás suspendido hasta nueva orden».

«En lo que llevamos de mes, la variación con respecto al mes anterior es de un 80% menos de actividad. El 20% restante se debe principalmente a los asuntos que surgen del Turno de Oficio, y a las consultas sobre cuestiones y dudas laborales, que se han incrementado notablemente», manifiesta Castaño. El abogado espera que «por el bien de todos, confiamos en que esta situación pase cuanto antes». «Seguro que lo superaremos, pero nos quedará un largo y laborioso camino hacia la recuperación de la actividad», especifica.

La otra cara de la moneda es lo que está viviendo el laboralista Juan Antonio Salmerón, que cuenta que «estos días han sido vertiginosos al tener que responder en una semana y media un número de llamadas, correos electrónicos y consultas que en otras circunstancias normales hubiese recibido en meses. Necesitando, además, para solucionar muchas de ellas, consultar una legislación que hubiese necesitado mucho más tiempo para poder profundizar en ella».

«Vamos día a día, intentando ayudar en lo que podemos a nuestros clientes y personas que nos consultan verdaderamente angustiadas, siempre, por supuesto desde casa y cuidando a la familia, que en estas circunstancias es lo primero», comenta.

Salmerón admite que «en ningún momento nadie nos preparó ni mental ni profesionalmente para afrontar una pandemia como la que estamos viviendo».

«Desde el punto de vista de las asesorías y abogados de empresas estos días son de verdadera incertidumbre y estrés; en primer lugar incertidumbre porque la ley contemplaba ciertos mecanismos como el ERTE para solventar crisis imprevistas y temporales de las empresas, pero estos mecanismos que la ley ya preveía se han visto estos días modificados y matizados por reales decretos, órdenes, criterios e infinitud de documentación que debe estudiarse con detenimiento para buscar la mejor solución a cada caso», hace hincapié.

Añade que ese detenimiento y estudio «a día de hoy, es imposible, dada la incertidumbre y estrés que muchos empresarios tienen para solventar lo antes posible este problema, solicitando la mayoría de empresas acogerse al ERTE por fuerza mayor al ser más flexible y ágil, no necesitando iniciar período de consultas».

«Es difícil de explicar a cada cliente su situación particular, sobre todo si no se encuentran fundamentos jurídicos para que su empresa quede incluida dentro de la fuerza mayor», precisa.

Además, «desde el punto de vista del trabajador, estos días se han recibido muchísimos mensajes, correos y llamadas consultando, la mayoría verdaderamente angustiados por tener que seguir trabajando en estas condiciones».

«La mayoría de consultas han tratado sobre la posibilidad de no ir al trabajo por miedo al contagio, qué soluciones podrían encontrar si su empresario no cumplía las medidas de seguridad o directamente consultando si despidos o vacaciones entraban dentro de la legalidad», asevera el letrado.

«Desde el estado de alarma y la suspensión e interrupción de plazos, en el despacho de abogados del que soy socio fundador, Equi & Lex, que llevamos civil y penal, hemos visto descender de manera drástica los asuntos penales, y la nueva entrada de clientes», indica el letrado murciano José Manuel Hernández Benavente.

«No celebramos juicios civiles, mercantiles, penales ordinarios, o laborales... por tanto ahí también hemos visto descenso de trabajo drástico», apunta. «En civil, ha caído la elaboración de contratos de todo tipo, compraventa, alquiler... pero han aumentado las consultas de cómo llevar a cabo el régimen de visitas de los hijos menores de padres divorciado y la gestión de accidentes de tráfico acaecidos antes del encierro, las dudas típicas de si se suspenderán las cuotas de autónomos, si he de pagar el alquiler... A mi entender, ha bajado el volumen de trabajo hasta en un 70%», concreta el especialista.