La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ya tiene en su poder la exposición razonada de la juez del caso Auditorio en la que pide expresamente que se investigue al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por una serie de delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público) supuestamente cometidos en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

La Sala, presidida por el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, e integrada por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado, recibió el pasado 5 de enero los ocho tomos de los que consta el sumario, designando como ponente a Julián Pérez-Templado, el mismo juez que ya archivó dos anteriores causas que llegaron al TSJ contra Pedro Antonio Sánchez; una por prevaricación, por los contratos para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto Lumbreras, y una segunda en la que se le acusaba de cohecho en la compra de un dúplex en su localidad natal.

El TSJ, además, emplaza a las partes implicadas en este procedimiento judicial, en el que hay más de una veintena de investigados, a que se personen en la causa. Se trata, según fuentes del TSJ, del primer trámite que se realiza tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca, Consuelo Andreo, de remitir la causa a la instancia superior tras encontrar indicios de delito en una persona aforada, que es el presidente.

Esto no significa, aclaran desde el TSJ, que Pedro Antonio Sánchez sea ya oficialmente investigado. De hecho, todavía la Sala de lo Civil y Penal tiene que reunirse para decidir si admite a trámite las diligencias instruidas en el juzgado de Lorca, que ahora se va a poner a investigar, en una pieza separada, sobre el uso que se le dio a la subvención pública de seis millones de euros que deberían haber servido para construir el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras.

En el caso de que el TSJ admita la causa, deberá nombrar a un instructor, que sería el encargado de llamar a declarar al jefe del Ejecutivo regional. Hasta ese momento, especifican las citadas fuentes del TSJ, Pedro Antonio Sánchez no tendría la condición de investigado por la Justicia.

Lo que decida la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia marcará el devenir político de la Región en estos primeros compases de 2017, pues el presidente de la Comunidad firmó para su investidura un acuerdo con el partido Ciudadanos que compromete a dimitir a cualquier cargo público que sea investigado por corrupción política. Si resulta investigado, la formación naranja le exigirá que se aparte y que el Partido Popular designe a otro candidato de entre los diputados regionales (es imprescindible ser miembro de la Asamblea para poder presidir el Consejo de Gobierno) para liderar el Ejecutivo.

Si Sánchez se niega a renunciar, C's tendría la opción de provocar una moción de censura, junto a PSOE y Podemos, o romper todos los puentes con el PP, lo que impediría al Gobierno regional sacar adelante sus políticas debido a la minoría parlamentaria.