Los acusados del secuestro -en mayo de 2009- de un promotor inmobiliario que han declarado en la primera sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia ha señalado que lo único que pretendían era presionarle para que les pagara las certificaciones de obras y han admitido que le dieron algunos golpes.
La causa se sigue contra los 5 responsables de varias empresas constructoras que trabajaron para este promotor, F.M., a los que se acusa de un delito de detención ilegal y otro de lesiones, y contra dos directivos de Cajamar, a los que se juzga como presuntos inductores.
El primero en prestar declaración ha sido Antonio M.L., quien ha señalado que no conocía a F.M. y que lo identificaron, cuando acudieron al aparcamiento donde este estacionaba su vehículo gracias a la fotografía que, ha asegurado, le dieron en la citada entidad de ahorro.
Ha señalado durante el interrogatorio que acudieron al encuentro de este promotor inmobiliario porque en la citada caja de ahorros le había indicado que si no firmaba las certificaciones de obras, la mismas no podían ser pagadas.
Ha admitido que lo llevaron hasta una nave ubicada en Ceutí en contra de la voluntad del denunciante, para que viera la situación de impagados por la que atravesaba su empresa al no poder cobrar las certificaciones que le reclamaban.
Ha manifestado también que cuando lo abordaron en el aparcamiento, F.M. se introdujo en el coche de uno de ellos por su propia voluntad, y ha admitido que durante el tiempo en que estuvo retenido no lo maltrataron, aunque sí le dieron "alguna colleja".
También ha reconocido que durante el tiempo en que estuvo en la nave de Ceutí "se encendió un soplete, que se lo acercamos, pero sin llegar a quemarle".
A continuación ha declarado Jesús M.L., hermano del anterior, que ha manifestado que llegaron a forzar "un poco" al promotor inmobiliario para que entrara en el coche y que, después, le propinaron algún golpe.
Tanto este acusado como los otros cuatro empresarios del sector de la construcción han señalado que aunque el contrato para la realización de obras está firmado con F.M., siempre actuaron con la promesa de Cajamar de que ellos estaban detrás y de que el cobro de los trabajos estaba asegurado.
El tercer acusado en prestar declaración, Enrique G.Y., quien ha dicho que consiguieron los datos sobre F.M. en Cajamar al decirle que querían hablar con este para plantearle la situación por la que atravesaban sus empresas al no estampar su firma para cobrar las certificaciones de obras.
Por su parte, Antonio G.Y., que ha declarado a continuación, ha dicho que cuando fueron en busca del denunciante no llevaban ningún plan determinado para retenerlo ni para hacerle nada, sino que fue luego, ante su resistencia a firmar las certificaciones, cuando le dieron "dos pescozones y un guantazo".
Los cuatro han coincidido en señalar que debido al incumplimiento de pago por parte del promotor inmobiliario, que está personado como acusación particular en este juicio, sus empresas y ellos mismos están en la ruina.
La sesión de hoy ha concluido con el inicio del interrogatorio a Pedro José L.G., otro empresario, que ha reconocido que simuló la firma de F.M. en una certificación en un intento de que la caja de ahorros se la abonara, lo que no consiguieron finalmente.
La vista continuará mañana con la terminación de la declaración de este acusado y con el interrogatorio del director de una oficina de Cajamar, José Antonio V.C., y del que era director territorial de la misma en el momento de los hechos, Antonio P.R.
