El caso "Biblioteca" que investiga desde el año 2007 un presunto caso de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el que fueron encarcelados, entre otros, el alcalde de Librilla, José Martínez García, fue descubierto por un detective privado afincado en Madrid.

N.L., único dato que se conoce del detective en los documentos del juzgado de instrucción que investiga los hechos, se personó el 13 de marzo del año 2007 en la Comandancia de la Guardia Civil con un amplio dossier sobre una supuesta trama de corrupción en Librilla, si bien, el detective no formuló denuncia.

Agentes de la Guardia Civil del Grupo de Delincuencia Urbanística leyeron con detenimiento aquel conjunto de papeles entregado para redactar un informe escrito a los seis días en el que ya figuran las empresas privadas Control y Gris, y Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI) así como la empresa pública Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), y supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos.

A finales del mes de abril la Consejería de Presidencia abrió un procedimiento de información reservada para aclarar unas supuestas irregularidades atribuidas al funcionario de la dirección general de la Administración Local, José Luis Cano, responsable del servicio de Asistencia Técnica a Municipios y en excedencia desde junio de 2007.

El 26 de abril de 2007 los servicios jurídicos del PSRM-PSOE entregaron a la Justicia un informe sobre el caso, y pidieron el cese de Cano, según los socialistas, encargado de captar la contratación de proyectos de planeamiento y de obra pública de ayuntamientos, entre ellos Librilla, Aledo y Caravaca de la Cruz.

En los seis folios que los socialistas entregaron a los periodistas tras la presentación del caso a la Justicia se afirmaba que se adjudicaron contratos que superaron los 6 millones de euros "sin respeto a la normativa de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, fingiendo una publicación en el tablón municipal y sin los anuncios preceptivos en el BORM", seguramente para que las demás empresas concursantes no pudieran reclamar ante una adjudicación a todas luces arbitrarias.

El juez instructor del caso, Andrés Carrillo, dictó el 22 de noviembre de 2008 prisión sin fianza para el alcalde de Librilla, José Martínez García; el edil de Urbanismo de ese municipio, Pedro Martínez Muñoz; el gerente de IDL, José Andrés Cortés, y el funcionario Cano, y acordó la libertad con cargos para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de Acadi, adjudicataria del PGOM de este municipio.

En virtud de aquel procedimiento, el titular del citado juzgado acordó la entrada y registro en unas dependencias la Consejería de Presidencia, del Ayuntamiento de Librilla, de IDL, de domicilios particulares y de sedes sociales de empresas radicadas en Murcia, Librilla y Los Alcázares.

El alcalde, el edil, el gerente de IDL y Cano salieron pasadas las 19 horas del 5 de diciembre de 2008, de la cárcel de Sangonera La Verde. A esta hora, un centenar de familiares, amigos y vecinos del alcalde y del concejal los esperaban concentrados en la plaza del ayuntamiento de la localidad con un fondo musical de piano.

Cano, casado y con dos hijos, falleció a los 50 años de edad, a las 19 horas del jueves 28 de enero, al chocar contra la mediana con su motocicleta en la autovía A-30.

Librilla, municipio de 56 kilómetros cuadrados ubicado a 26 kilómetros al suroeste de Murcia, con 4.455 habitantes según el censo del año 2008, vivió de cerca el caso "Biblioteca", hoy reactivado con la detención, entre otros, del alcalde de Aledo, Simón Alcaráz, un municipio de 1.055 habitantes ubicado a 60 kilómetros al suroeste de la capital de la Región.