Antonio Molina, candidato de Spido (que no tiene representación en la junta de personal actualmente), defiende su «renuncia a las subvenciones y a tener liberados sindicales para que este dinero pueda invertirse en mejorar las condiciones del profesorado y por más medios en los centros».

Además, están a favor de la elaboración de una Ley de Autoridad Pública del Docente para protegerse de las agresiones de padres y alumnos y la prórroga de la jubilación voluntaria a los sesenta años.