“Llevo 23 años viviendo en el camping de El Portús de Cartagena, pagando impuestos y ahora me echan”

“Antidemocrático y, probablemente, ilegal”. Así es como califican inquilinos del camping naturista de El Portús el Decreto n.º 193/2022, de 27 de octubre, por el que se regulan los alojamientos turísticos en las modalidades de campings y áreas de autocaravanas, caravanas, camper y similares en la Región de Murcia. El texto fija en un máximo de 12 meses continuados la estancia en estas instalaciones, aunque en el caso de El Portús hay usuarios que tienen allí su vivienda habitual, llegando en ocasiones a vivir de forma continuada en el camping durante dos décadas.

Es el caso de Colin, de 86 años, y su mujer Margaret, de 80. Desde hace 35 años viven en el camping de El Portús y hace 23 años se trasladaron definitivamente para vivir allí durante todo el año. Llevan dos décadas pagando impuestos desde esa dirección. Incluso tienen derecho a votar en las elecciones nacionales desde esa dirección. Todos sus documentos residenciales en curso incluyen esa dirección. Por eso se preguntan cómo es posible que, “de repente”, sean ‘ilegales’ y tengan que abandonar sus casas. “Es ilegal esperar que la gente cambie la historia de su vida porque se haya actualizado una ley”, lamenta Colin.

“Aquí hay personas mayores que han vendido sus casas en su país de origen o se las han dejado a sus hijos, como en nuestro caso”, explica. “Si nos echan de aquí, nos quedaremos sin casa”, reconoce Colin.

Pero, además, existen usuarios que afirman ser propietarios de sus viviendas, adquiridas hace ya décadas. De hecho, hablan de personas que viven en la zona más de 50 años. Han creado una comunidad de propietarios y han puesto sus casos en manos de abogados, ya que entienden que no son usuarios del camping, sino propietarios de una vivienda en la zona. Reconocen pagar servicios a la gestora de las instalaciones para contar con luz, agua y seguridad, pero insisten en contar con la propiedad de las viviendas. Incluso algunos están empadronados en esa dirección en el Ayuntamiento de Cartagena. Hablan de una comunidad ecológica, de un pueblo, no de un camping. Desde la propiedad del complejo señalan que todo el terreno que se encuentra en el interior del perímetro del camping, pertenece a las instalaciones.

Por eso, los residentes reclaman la ayuda del propio Ayuntamiento ante esta situación que afecta a uno 180 inquilinos y que ha provocado una gran situación de estrés entre los usuarios, que han sufrido crisis de ansiedad tras recibir un aviso de desalojo, ya que se trata de su única vivienda. También hablan de una persona que ha sufrido un ictus por la preocupación.

Notificaciones de los propietarios

La propiedad del camping, que adquirió las instalaciones en septiembre, lamenta la situación, pero afirma que solo cumple con el decreto regional. Indican que han comunicado a los inquilinos la normativa y que han dado facilidades para poder cumplirla. Los usuarios consultados hablan de que la carta remitida el pasado día 9 no hace referencia a decreto alguno y que solo indica que tienen 15 días para desalojar sus viviendas. En este sentido, la propiedad del complejo especifica que se trata del caso de aquellos residentes que finalizan su estancia ahora y a los que se les ha dado un margen para poder organizar su desalojo. Indican también que hay muchos usuarios que han pedido mayor plazo a la gerencia y se ha llegado a acuerdos con ellos. Además, aseguran desde el camping que el resto de estancias se mantendrán hasta que concluyan, sin ningún problema. También señalan que pretenden llevar a cabo reformas en las instalaciones para mejorarlas de cara a próximas estancias. Una noticia que confirman los usuarios que conocen la intención de renovar la zona baja y llana del camping con mejoras en los aseos, el restaurante y el supermercado, aunque están sorprendidos de que les hayan comunicado que deben abandonar las instalaciones “de repente”. Es “un comportamiento brutal e inhumano”, claman.

“Se trata de un hogar multicultural desde el que hemos colaborado en incluso regenerar el entorno con reforestaciones y el cuidado del medio ambiente”, exponen los residentes, que además avanzan que harán “lo que haga falta” por conservar las viviendas.