Los vecinos, en contra del derribo del pabellón de la Cárcel Vieja de Cartagena

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso municipal presentado hace dos años contra la decisión de la Administración regional de excluir el pabellón de reclusos de la Cárcel Vieja de San Antón, en Cartagena, de los elementos protegidos del recinto. El fallo deja ahora vía verde a su propietaria, la sociedad Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para proceder al derribo.

La plataforma vecinal ‘La Cárcel No Se Vende’ se ha mostrado «totalmente en contra de esta sentencia» y, al mismo tiempo, ha denunciado «la dejación de los distintos gobiernos municipales que han permitido que el inmueble se esté cayendo, con el consiguiente gozo del propietario». Según apuntan los vecinos, es una «desidia» que viene de la época de Pilar Barreiro, del Partido Popular, que en su última etapa en el Gobierno «dejó pasar dos subastas para la venta del edificio». Después José López, líder de MC, «permitió que se vendiera irresponsablemente», y por último, critican, con las etapas de Ana Belén Castejón y Noelia Arroyo que «han sido incapaces de dar una salida razonable para la compra del inmueble, independientemente del recorrido judicial que, como se ha visto, no está sirviendo de casi nada».

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La plataforma ha querido recordar al respecto que «para el actual equipo de gobierno la Cárcel de San Antón era un proyecto de ciudad y que todos los partidos de la anterior legislatura (es decir, los mismos que están ahora menos la extrema derecha) votaron favorablemente a la adquisición del edificio". Han recordado también que la sociedad civil de Cartagena, por medio de las asociaciones de barrio, de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac) y de otros colectivos vienen demandando desde 2010, año en el que se trasladaron los pocos presos que había en San Antón a otras cárceles de la Región, la utilización del edificio para talleres de formación y actividades sociales en el edificio.

Ante la situación, los vecinos piden al Ayuntamiento que, además de recurrir a instancias superiores y pedir medidas cautelares para no permitir el derribo del pabellón de presos, «compren el edificio» o bien, «si no atienden a razones, expropien por el bien de la comunidad».