Defensa paga a Cartagena los casi siete millones de euros que debía por el IBI

Tras dos décadas de lucha, el Ayuntamiento de Cartagena por fin han ganado la partida al Ministerio de Defensa, que ha tenido que desembolsar casi siete millones de euros por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de diversos edificios que tiene en el municipio.

Todo un balón de oxígeno para las arcas municipales en un momento crucial. Hace dos días el Consistorio se vio obligado a solicitar un préstamo de 8,4 millones de euros para poder acometer algunos de los grandes proyectos que tiene en cartera para este 2023, como Espacio Algameca, la reforma del mercado Gisbert, la musealización de la casa de Isaac Peral, la rehabilitación de la pista de atletismo, la finalización de los 12 campos de Plan Césped o la construcción del consultorio médico de La Azohía. Todas ellas iniciativas conseguidas a través de fondos europeos, cuyas transferencias del capital «están llegando con una lentitud desesperante», según señalan desde el Ayuntamiento.

Estos impuestos se vienen reclamando a Defensa desde el año 2003. En los últimos años, la actual vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, fue la que llevó las negociaciones con resultado positivo. El Organismo de Gestión Recaudatoria municipal defendía que ese año fueron eliminadas por ley las exenciones a los edificios no vinculados al interés estratégico de la defensa militar y que el Ministerio tenía en Cartagena múltiples inmuebles afectados por esta medida, mientras que el Defensa argumentaba lo contrario.

Sentencia favorable

El Ayuntamiento denunció estos hechos en los tribunales y en el año 2014, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) dictó sentencia, dando la razón al Consistorio.

La avería del fax de la Abogacía del Estado fue uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Defensa para tratar de justificar la presentación fuera de plazo de un recurso para reclamar al Consistorio la exención del pago del IBI de los clubes navales de Suboficiales y de Cabos. La sentencia dictada por la Sala rechazó el recurso presentado por el Ministerio contra la decisión de un Juzgado de Cartagena que no admitió a trámite su apelación por formularla de forma extemporánea.

Expuso que «no era causa de justificación que el fax estuviera averiado para no presentar el escrito de interposición dentro de plazo, ya que pudo ser entregado por otro medio de los admitidos en Derecho, siempre que sea suficiente para dejar constancia fehaciente de su presentación».

El tribunal, al desestimar el recurso de Defensa, condenó a este Ministerio, al pago de las costas causadas con el mismo y añadió que la sentencia era firme, ya que contra la misma no cabe recurso alguno.

Señaló también la Sala que Defensa, con su reclamación, trataba de conseguir que el Consistorio cartagenero declarara exento del pago del IBI de forma total y permanente de los inmuebles utilizados por el Club Naval de Suboficial y el de Cabo, al entender que debían ser considerados afectos a la defensa nacional.

El Ayuntamiento reclamó en 2011 al Ministerio de Defensa 3,62 millones por impago del IBI de 46 inmuebles de su propiedad. Tras varios pleitos y reclamaciones, el Organismo de Gestión Recaudatoria Municipal actualizó el listado, reduciendo el número de inmuebles por los que Defensa debía pagar el IBI, pero incrementando el importe de la deuda por el recargo debido al retraso en el pago del impuesto.

Hay edificios que sí están exentos de pagar el IBI por estar vinculados al interés estratégico de la defensa militar de España, como son el Gobierno Militar, el edificio de Servicios Generales de la Armada y el campo de tiro del Ejército de Tierra, entre otros.

Pero hay otros que no están vinculados a la defensa militar en un sentido estricto, como pueden ser los clubes militares, por ejemplo, por los que el Ministerio sí debe abonar este tributo.

Las negociaciones para reclamar estos inmuebles se intensificaron en los últimos seis años. De hecho, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, mantuvo diversas reuniones siendo alcaldesa con altos mandos del Ministerio de Defensa para dirimir esta cuestión. Negociaciones en «las que también jugaron un papel fundamental el Jefe de la Oficina Presupuestaria, el Tesorero, a la Coordinadora de Desarrollo Sostenible y la anterior jefa del Organismo de Gestión Recaudatoria», según destacan desde el Ayuntamiento.