Cartagena ha estrenado su primer juzgado de lo Mercantil, ubicado en el Palacio de Molina, cedido por el Ayuntamiento al Ministerio de Justicia para albergar este órgano judicial, en el que se tratarán asuntos del municipio y de San Javier. Este juzgado de lo Mercantil, el número 4 de la Región de Murcia, se ha constituido este lunes en un acto que estuvo presidido por el responsable del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, y que contó con la presencia del delegado del Gobierno, José Vélez, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Tras la constitución tomaron posesión los funcionarios nombrados en comisión de servicio, así como los interinos que desde ayer desarrollan su función en este órgano judicial.

El nuevo juzgado será el encargado de resolver los conflictos en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y publicidad, sociedades, transporte terrestre, derecho marítimo y aéreo. El espacio dará respuesta a los partidos judiciales de Cartagena y de San Javier, «ya que el TSJ hizo un análisis de hasta 10 indicadores socioeconómicos y llegó a la conclusión de que aportaban un 25% de la conflictividad mercantil de la Región», explicó Miguel Pasqual del Riquelme.

La Región de Murcia soporta un déficit de 16 unidades judiciales, una vez descontadas las tres unidades creadas en 2022, según el último informe de necesidades aprobado por la Sala de Gobierno del TSJMU el pasado marzo.

No obstante, se establecieron como prioridades un nuevo juzgado de instancia en Cartagena y dos en Murcia, el octavo juzgado en Lorca y un nuevo juzgado de Violencia sobre la Mujer en Murcia

A esta prioridad se ha referido el presidente del TSJMU para reclamar que «la planta judicial de Cartagena siga creciendo al menos en un nuevo juzgado de Instancia». «Debemos seguir manteniendo esta estrategia de colaboración institucional para que la Ciudad de la Justicia vea cuanto antes la luz y, mientras tanto, abrir nuevos espacios para que esa necesidad perentoria pueda cubrirse», remarcó Pasqual del Riquelme.

Por su parte, la alcaldesa también subrayó que el Ministerio debe dar respuesta urgente a la necesidad de contar con las nuevas unidades judiciales que vienen demandando los abogados y procuradores de Cartagena, mientras que la Ciudad de la Justicia no es una realidad.

El acto de constitución contó con la presencia del secretario de Gobierno del TSJMU Javier Parra García, el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera, el presidente de la Audiencia Provincial Miguel Ángel Larrosa Amante, y la magistrada decana del partido judicial de Cartagena María del Mar Gómez Hernández, entre otros.

Dos millones de euros para urbanizar la Ciudad de la Justicia

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, insistió en que «el principal objetivo común es la Ciudad de la Justicia», que se realizará en los terrenos ubicados en Santa Lucía. Arroyo recordó que, actualmente, «contamos con un informe de necesidades elaborado entre todos que vamos a trasladar al Ministerio y tenemos un proyecto de accesos y urbanización más detallado, ajustado a las peticiones de la Dirección General de Carreteras, que ya ha dado el visto bueno». La materialización del proyecto de urbanización de la Ciudad de la Justicia tendrá un coste de unos 2 millones de euros y «para no generar retrasos, deben ejecutarse al tiempo que se elabora el proyecto del edificio». Por este motivo, la primera edil ha insistido en la necesidad de que los «presupuestos del ejecutivo central deben contemplar esos gastos ya en 2023».