La Mesa de la Justicia de Cartagena ha suscrito este jueves una declaración institucional en la que solicita al Ministerio de Justicia que comience de forma "inmediata" la actividad del juzgado de lo Mercantil en el Palacio de Molina.
Este inmueble fue cedido por el Ayuntamiento de Cartagena el pasado año para albergar el juzgado de lo Mercantil, para lo que se realizaron obras de acondicionamiento que "ya están terminadas", según aseguró la alcaldesa, Noelia Arroyo.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez, ha explicado que "no hay ningún motivo para que el Palacio de Molina siga cerrado, por lo que también hemos incluido la petición de que se inicie de inmediato la actividad del juzgado de lo Mercantil. Que permanezca cerrado es perjudicial, tanto para los ciudadanos como para los profesionales".
Según ha asegurado Méndez, el Ministerio de Justicia informó de que el juzgado de lo Mercantil iniciaría su actividad en el último semestre de 2021 y, más tarde, declararon que sería en el primer semestre de 2022".
Además, la Mesa de la Justicia ha pedido "celeridad e inmediatez" para que el Ministerio acepte de manera oficial los terrenos que el Ayuntamiento ha ofrecido en la parcela situada frente al hospital Santa Lucía para ubicar la futura Ciudad de la Justicia. Según ha afirmado la alcaldesa, "esta parcela recibió el visto bueno por parte de los técnicos hace dos años".
Según ha informado Arroyo, "se ha avanzado en el proyecto de urbanización y en los accesos para tenerlo preparado en cuanto se acepte la propuesta. De no ser así habrá que buscar otra terreno, aunque no hay motivos para no aceptar el terreno del Santa Lucía".
Se trata de una parcela de 25.000 metros cuadrados, incluida dentro de un solar municipal de 50.000 metros cuadrados en Santa Lucía, frente al Parque de Seguridad y el Hospital.
El decano del Colegio de Abogados ha exigido al Ministerio que "si no considera idóneos esos terrenos, que determine otros, al objeto de que se inicie la construcción de la Ciudad de la Justicia lo antes posible".
Arroyo ha destacado que "durante su legislatura se han remitido catorce escritos al Ministerio de Justicia". El último de estos textos iba dirigido a la recién incorporada ministra de Justicia, Pilar Llop, "poniéndola al día de las gestiones" y "pidiéndole celeridad", porque Cartagena "no se puede permitir más retrasos".
El Ayuntamiento y el Colegio de Abogados han asegurado que "todavía no han recibido una contestación por escrito".
El Ministerio informó a la alcaldesa que "la aprobación oficial se haría en último trimestre de 2021" y, más adelante, le informaron "extraoficialmente de que se haría en el primer semestre de 2022". Arroyo ha subrayado que el proyecto "se podría poner en marcha dentro de una ó dos semanas si se le da la importancia y el carácter de urgencia que tiene".
"No podemos pensar que el ministerio esté planteándose renunciar a la parcela propuesta, pero tampoco sabemos cuáles son las razones por las que no se acepta aún y empezamos a trabajar", ha señalado Arroyo.
La alcaldesa ha subrayado que "durante todo este tiempo hemos buscado vías de acuerdo, porque creemos que es una necesidad con la importancia suficiente como para que tratemos de sacarla del debate partidista, y la planteemos siempre desde la voluntad de colaboración".
La Mesa de la Justicia ha manifestado que Cartagena "sigue sufriendo graves deficiencias en la prestación de servicios materia de Justicia por la falta de órganos judiciales y la dispersión de sus sedes".
La declaración institucional ha sido suscrita por todos los integrantes en la Mesa de la Justicia: la alcaldesa, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, el teniente de alcalde, Manuel Padín y los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, así como el decano del Colegio de Abogados, la decana de del Colegio de Procuradores y el presidente de la Asociación de Graduados Sociales, además de COEC, Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones de Vecinos.
