21 de noviembre de 2018
21.11.2018

Urbanismo

Castejón busca desbloquear la construcción tras el "engaño" de las normas transitorias

La alcaldesa quiere hacer "modificaciones puntuales" para activar varios proyectos y también destaca que va a centrar los esfuerzos del Ayuntamiento en elaborar el nuevo Plan General Urbano

21.11.2018 | 04:00
Castejón busca desbloquear la construcción tras el "engaño" de las normas transitorias

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón (PSOE), compareció ayer públicamente para mostrar su «enfado» con el Gobierno regional (PP). Lo hizo tras reunirse en el Palacio Consistorial con la secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Yolanda Muñoz. El motivo de este disgusto radica en que la regidora se siente «engañada» por la forma en que la Comunidad Autónoma ha gestionado el proceso para lograr el desbloqueo urbanístico del municipio, tras anularse judicialmente por el Supremo el Plan General de Ordenación Urbana en junio de 2016.

Castejón considera que el Ejecutivo del popular Fernando López Miras ha «entretenido» al Ayuntamiento y a los funcionarios municipales durante un año, al hacerles trabajar, prácticamente en vano, en la redacción de las normas transitorias, que aún no han entrado en vigor tras un último varapalo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. La aplicación de esta figura urbanística excepcional está prevista dentro de la nueva Ley del Suelo de la Región, aunque PSOE y Podemos consideran que es «inconstitucional». El Gobierno autonómico recurrió a este órgano consultivo para asegurarse de que las normas transitorias cuentan con la suficiente garantía jurídica para ser aplicadas sin contratiempos. La idea es que éstas cubran el vacío de reglamentación urbanística que existe hoy en día, mientras no se elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En la actualidad, Cartagena se rige por una reglamentación obsoleta, que es del año 1987.

El Consejo Jurídico ha dictaminado que las normas transitorias necesitan sobrepasar una evaluación ambiental. Algo que la alcaldesa estima que supondría un retraso de un año. Además, la propia regidora comenta que en la práctica, el Consejo Jurídico también limita en su informe la aplicación de las normas transitorias, restringiendo el alcance de las mismas considerablemente. Por todo ello, Castejón anuncia que el Consistorio priorizará su actuación política en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras el «fiasco» que, en su opinión, ha constituido la tramitación de las normas transitorias urbanísticas por parte de la Comunidad Autónoma. La regidora critica también que la Administración regional «culpa» al Ayuntamiento de forma «injusta» por esta situación. Ya que, según ella, se trata de una competencia de ámbito regional, que, encima, ha sido asumida por los técnicos municipales.

Una situación «inédita»

Por su parte, la secretaria de la Consejería defiende que el dictamen del Consejo Jurídico es «oportuno y conveniente», ya que «nos permite no dar pasos en falso en una situación inédita de aplicación de las normas transitorias en la Región. Muñoz subraya que «el Gobierno regional ha puesto todos los instrumentos que tiene a su alcance para dar seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas de Cartagena». Igualmente, resalta que «es trascendental disponer lo antes posible de una herramienta que permita resolver de forma temporal el bloqueo que supone para Cartagena carecer de Plan General en vigor, pero también es clave contar con la máximas garantías legislativas para no volver a la situación provocada por la anulación del plan anterior».

Dentro de las normas transitorias se incluye la puesta en marcha de 13 proyectos urbanísticos relevantes. Ante el desencuentro con la Comunidad, la alcaldesa manifiesta que va a poner en marcha todos los mecanismos que tiene a su alcance el Consistorio, al margen de la Administración regional. Con ello, Castejón pretende poder sacar adelante algunos de estos proyectos que estaban dentro de las normas transitorias. Así, asegura que tiene la intención de realizar «modificaciones puntuales» en la actual normativa urbanística. No obstante, la aprobación definitiva de los proyectos recaerá sobre la Comunidad Autónoma, ya que esta administración de rango superior a la local tiene las competencias de Medio Ambiente, que regulan la construcción. Según el Gabinete de Alcaldía, los proyectos que podrían materializarse con las modificaciones puntuales serían los siguientes: Una promoción de viviendas en la antigua fábrica de Licor 43 (San Antón), la ampliación de la Escuela de Hostelería, equipamientos deportivos para el campus universitario que la UCAM tiene en Los Dolores y proyectos industriales en el Valle de Escombreras. Respecto a esto último, Alcaldía expone que el Consejo Jurídico no hace ninguna alusión a la edificación de nuevas plantas industriales en Escombreras. Por lo que ve factible conseguir que se autorice la construcción de una planta de aceites del Grupo Fuertes (firma ligada a ElPozo Alimentación), la instalación de una compañía de bituminosos y la ampliación de las instalaciones del grupo marítimo Ership. Destacar que el Consistorio no ve opción alguna de que vean la luz el resto de proyectos incluidos en las normas transitorias si éstas no se aprueban. Entre ellos se encuentra la edificación de viviendas en el antiguo patio del colegio Adoratrices y la construcción de otra promoción residencial en un solar situado junto a las pistas deportivas del pabellón Wsell de Guimbarda.

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