17 de octubre de 2018
17.10.2018
La Opinión de Murcia

Urbanismo

Cartagena rechaza que las normas transitorias urbanísticas dependan de una ley regional

Los vecinos piden que se redacte un nuevo Plan General de Ordenación Urbana mientras que el Ayuntamiento cree que la solución aportada por el Gobierno autonómico es "inconstitucional"

16.10.2018 | 21:13

Hace más de dos años que Cartagena sufre una parálisis urbanística debido a una sentencia del Tribunal Supremo, la cual anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, por lo que el municipio se rige por una reglamentación desfasada, del año 1987. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón (PSOE), y una plataforma ciudadana integrada por diversos colectivos de la ciudad, entre ellos la Federación Vecinal (Favcac) y organizaciones naturalistas como Anse o Ecologistas en Acción, mostraron ayer su rechazo a que las normas transitorias urbanísticas dependan de una ley regional. No obstante, la plataforma destaca que «la única salida razonable al ordenamiento del municipio es impulsar la redacción de un nuevo Plan General».

Este rechazo fue manifestado de forma separada por ambas partes tras conocer que PP y Ciudadanos tienen previsto aprobar mañana jueves en la Asamblea Regional la Ley de Aceleración Empresarial. Y descubrir que los dos partidos han incluido a última hora una enmienda parcial en esta nueva regla que permite concretar la aplicación de las normas transitorias; es decir, ponerlas en marcha. Estas reglas temporales reactivan los proyectos urbanísticos que se encuentran paralizados mientras se elabora un nuevo Plan General. Por lo que, para el PP, su enmienda desbloquearía los proyectos paralizados, tanto en suelo urbanizable como en núcleos rurales.

Sin embargo, según critica Joaquín López, portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, «PP y su comparsa Ciudadanos han introducido una enmienda que es inconstitucional, según dos informes jurídicos de la Asamblea». Así que, la alcaldesa teme que, una vez aprobada esta «ley inconstitucional», el Consistorio se vea obligado a dar licencias urbanísticas, que, posteriormente, quedarán invalidadas una vez iniciadas las obras, por sustentarse en una ley que a su juicio «no da seguridad jurídica».

En este escenario, la regidora socialista vaticina que las arcas municipales tendrían que hacer frente a los daños y perjuicios que reclamen los promotores. Para evitar esto, e intentar frenar la aprobación de la enmienda, López va a exigir que la votación de mañana sea nominativa, para que los diputados tengan que responder ante la Justicia, incluso con su patrimonio, «al votar a sabiendas a favor de una ley que no es legal».

Además, el PSOE presentó ayer una moción en la Asamblea para exigir al Consejo de Gobierno autonómico a que apruebe fuera de la Ley de Aceleración Empresarial las normas transitorias que elaboró el Ejecutivo regional junto con la Administración local, tal y como tenían previsto ambas administraciones. Las normas transitorias incluso superaron en junio el escollo del más de medio centenar de alegaciones que se presentaron, por lo que ya estaban listas para aprobarse. La alcaldesa considera que no tienen nada qué ver con la Ley de Aceleración Empresarial, donde pretenden incluirlas PP y Ciudadanos.

Asimismo, López cree que los populares «juegan sucio» con la tramitación de las normas transitorias para crear «inseguridad jurídica» al Ayuntamiento y favorecer los intereses de su candidata a la alcaldía, la consejera Noelia Arroyo. El diputado socialista también señala que «el Gobierno autonómico ha utilizado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para paralizar el informe que tiene que emitir sobre las normas transitorias, para así optar por una ley que no resuelve el problema y sigue generando inseguridad». El PSOE ha pedido por escrito a este organismo que aporte su visión sobre la medida legal que debe adoptarse para solucionar la parálisis urbanística de Cartagena. También avanza que tiene previsto recurrir, junto a Podemos, la nueva Ley de Aceleración Empresarial ante el Tribunal Constitucional.

El PP defiende que es legal

Víctor Martínez, portavoz del PP en la Asamblea Regional, sostiene que «Castejón debería dar las gracias al PP por desatascar un problema que tiene Cartagena y que ella ha sido incapaz de solucionar». Martínez defiende que la enmienda que han presentado a la Ley de Aceleración «otorga al Gobierno regional el marco jurídico para aprobar las normas transitorias de Cartagena, y le da la seguridad jurídica que necesita». Y añade que «no es un procedimiento nuevo, ya existe, es constitucional y se está aplicando en Castellón y Denia, dos sitios donde gobierna el PSOE con Compromís».

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