Si hay una cuestión sensible, además del paro, claro, es sin duda la bancaria. O dicho de otra manera, las cláusulas abusivas que vienen siendo declaradas nulas por los juzgados, principalmente en los contratos de hipotecas, así como el dinero inyectado a los bancos cuando la crisis tocaba fondo. Hasta tal punto la sensibilidad de los ciudadanos está a flor de piel que las denuncias contra banqueros se han multiplicado considerablemente en los últimos tiempos, de una manera insospechada y sin precedentes en España.

En la actualidad, cuentan las crónicas que los jueces están investigando indemnizaciones de cien millones de euros en la cúpula de cinco cajas. Concretamente, si los antiguos ejecutivos de la CAM, Novacaixagalicia, Bancaja-Banco de Valencia, Caja Segovia y Caixa Cataluña, inflaron sus sueldos y pensiones, pactando prejubilaciones e indemnizaciones millonarias. La pionera sentencia en esta materia ha sido recientemente la condena de directivos de Caixa Penedés.

Algunos banqueros ya han pasado por prisión provisional, con lo cual les queda aún lo mejor, pues si al final se les condena su paso por la cárcel ya no será tan efímero. Si los 150 imputados actualmente, entre administradores y directivos de las antiguas cajas de ahorro que se encuentran imputados por la venta de preferentes, por dar créditos irregulares y por auto-colocarse pensiones astronómicas, son condenados en firme, las cárceles van a tener que poner vestuario con chaquetas, corbatas, faldas neoyorquinas y trajes de Armani para que sigan estando como en su propio cortijo.

Desde el 2012, la Audiencia Nacional investiga la fusión y salida a bolsa de Bankia, y está a punto de juzgar a los pasados gestores de Novacaixagalicia y a los del Banco de Valencia. Las irregularidades en Caja Madrid con su expresidente, Miguel Blesa, es otro de los grandes casos pendientes de juicio. Así como exconsejeros y directivos de Banca Cívica (menos mal que era cívica) o Caja Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, nuestra CAM, dos de cuyos exdirectivos se sentarán también en el banquillo de los acusados por apropiación indebida, administración desleal y societaria. Presuntamente la CAM ha sido la campeona, pues se rumorea que ha costado al Estado 15.000 millones de euros.

Menos mal, por un lado, que son minoría los directivos más o menos frescos de esas cajas o bancos; y, por otro, que parece ser que ya los bancos y las cajas están funcionando con menos morro que lo hacían parte de sus antiguos directivos, que incluso a veces pidieron una indemnización millonaria por despido improcedente, después de presuntamente, otra vez, autoindemnizarse con sabrosas cantidades de euros cuando estaban en el poder de las mismas. Ni con la defensa de abogados de prestigio, alguno después elevado a la mismísima cúpula judicial, consiguió que se hiciera justicia. Por eso, y por otras circunstancias, como la imputación de una hija del Jefe del Estado, o el encarcelamiento de exaltos cargos bancarios (que se lo pregunten a Mario Conde) o personajes como Ortega Cano o Del Nido es por lo que se debe creer en nuestra Justicia, lenta, y a veces desesperante, pero casi siempre llega. Independencia, seguridad e igualdad son sus cimientos irrenunciables.

Y aunque sea sensiblemente mejorable, que lo reconozco y me gustaría, espero que esos pilares sigan sosteniéndola en el futuro y no tenga que desdecirme. Lo que haré sin duda, si lo compruebo.