En los Presupuestos de la Comunidad autónoma (CARM) aprobados el pasado lunes, el Partido Popular retiraba, por la puerta de atrás, vía enmienda, 540.000 euros destinados a salarios para orientadores, promotores y técnicos de las Oficinas de Empleo de la Región de Murcia. O bien sobraba dinero (así se nos dio a entender), o se estaba preparando el terreno para el despido de parte de la plantilla con la que cuenta el SEF. Desafortunadamente, esta segunda opción ha ido tomando cuerpo y, si no se remedia, el fin de año dejará en la calle a dieciséis de ellos.

El cometido de estos trabajadores consiste en localizar puestos de trabajo en las empresas y ayudar a los parados a encontrar una vía de inserción laboral. Una medida como la adoptada solo podría obedecer a dos razones: una, que hay menos parados; otra, que se han cambiado los criterios de trabajo. La primera está desmentida por los datos del propio SEF: la región de Murcia es una de las Comunidades autónomas españolas que más paro tiene, y, de momento, sin evolucionar a la baja. La segunda está refutada por las declaraciones públicas del propio consejero, día a día, prometiendo que se va a reforzar el papel de acompañamiento individual de los desempleados.

Ante estos argumentos solo se nos ocurre una explicación posible a esta actitud depredadora, o alguien está perdiendo la razón y el valor de sus palabras o nos encontramos ante un caso más del Partido Popular en el que se daña un servicio público para dejarle más parte del negocio a alguna empresa privada, quién sabe si de amigos inconfesables.

El anterior consejero de Educación, Universidades y Empleo elogiaba públicamente la labor de este colectivo y valoraba su capacidad por haber gestionado un empleo para 2.000 parados a través del SEF. Este servicio ha venido dando respuesta a un colectivo hasta ahora desatendido por las Oficinas de Empleo. Sotoca llegó a asegurar que en seis meses habían conseguido que 2.820 empresas utilizaran los servicios del organismo público para cubrir sus vacantes, formación de trabajadores o información sobre ayudas. Al tiempo que alardeaba ante los empresarios de tener la mayor y más completa base de datos de los demandantes de empleo.

Dando por buenos estos argumentos, habrá que añadir que, en 2014, deberíamos crecer en objetivos. Este es el año en el que se pondrá en marcha la Garantía Juvenil Europea, un programa que nos llega por el empeño de los parlamentarios europeos, fundamentalmente del grupo socialista. Uno de sus objetivos imprescindibles es precisamente el acompañamiento de los jóvenes desempleados hasta facilitar su integración en el mercado laboral.

En este escenario, el cese de promotores y técnicos del SEF es un flaco favor para la economía regional. Una decisión arbitraria, que pone fin al trabajo realizado en los dos últimos años con las empresas en el proceso de intermediación laboral y que restará eficacia, pues obligará a las Oficinas de Empleo a asumir esta función, despersonalizando el trato a los desempleados y probablemente retrasando la vuelta de muchas personas al mercado de trabajo.

La creación de empleo es un gran reto al que nos enfrentamos. Por eso, seguir destruyendo puestos de trabajo cualificado supone un alejamiento de una acción política correcta y del mercado laboral.

El Gobierno de Valcárcel debería saberlo y mostrar una mayor sensibilidad, pasando de las palabras a los hechos.