El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Ayuso y el diputado del PSOE Emilio Ivars denunciaron ayer la situación de hasta once edificios de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) que no disponen de la correspondiente licencia de actividad para estar funcionando. Según informaron, estos inmuebles se están utilizando como aularios, laboratorios, librería o almacén «sin estar legalizados». Por ello, Ayuso ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad de los edificios de la zona sur del Campus de los Jerónimos que carecen de las mismas.
«La Concejalía de Urbanismo ha comunicado al Grupo Socialista que solo dos edificios de la zona sur tienen solicitada licencia de actividad, mientras otros nueve están abiertos y sin licencia», ha indicado el concejal. Ante esta situación ha anunciado que su grupo va a presentar una petición formal al Ayuntamiento de Murcia, para que de forma inmediata, se regularice esta situación, exija al titular de la actividad el cumplimiento de la ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad en sus instalaciones, o se aplique la legislación en el caso de que no se esté haciendo.
En este sentido, ha recordado que la mayor parte de los once edificios de la zona sur del campus están construidos sin autorización municipal sobre suelo de huerta protegido y no urbanizable, y sobre los que la Fundación San Antonio, que dirige la UCAM, ha solicitado para parte de ellos la autorización excepcional por interés público a la Comunidad Autónoma. Tanto el concejal como el diputado socialista subrayaron que esta petición se produjo en el año 2016 y que, según la Ley del Suelo, si a los cuatro meses no se ha contestado la petición se considera desestimada, «un plazo que ya se ha cumplido», afirma Ayuso.
El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado regional, Emilio Ivars, ha recordado que en 2011 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma una autorización para la construcción de un aulario, que se concedió con la condición de que se retiraran las construcciones modulares que estaban puestas mientras se construía ese aulario, unas construcciones que, según Ivars, aún no se han retirado. Además, alertan de que «se está poniendo en riesgo la seguridad del personal y los estudiantes, que están en edificios sin licencia».
Está en manos de la Comunidad
Ante las denuncias del PSOE, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, ha explicado que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que se produzca la resolución de la Comunidad Autónoma sobre la declaración de interés público de las edificaciones. «Mientras no se conozca el pronunciamiento expreso de la administración regional, que es la competente, no se puede producir el cierre de la actividad, ya que está tramitándose la legalización», ha informado, al tiempo que recuerda que la licencia de actividad es posterior a la legalización de la obra.
