Uno de los imputados del caso Umbra, que incluso fue detenido en la operación que desarrollaron las fuerzas y cuerpos de seguridad y el juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia bajo la investigación del caso Umbra, ha cambiado de letrado. Alberto Guerra, el que fuera gerente de Urbanismo con el ex concejal Fernando Berberena, también encausado en este asunto judicial, ha decidido fichar al bufete de abogados que asesora penalmente a la infanta Cristina, implicada en el caso Noos.
Se trata del bufete de penalistas, fundado en Cataluña, Molins & Silva, que se fusionó hace casi dos años con el de Roca Junyent , de Miguel Roca, que actúa como portavoz de la defensa de la infanta Cristina. Hasta ahora, Guerra había sido defendido en el caso Umbra, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en torno a los convenios de la zona norte de Murcia, por Jaime Peris, catedrático de Derecho Penal de la UMU (Universidad de Murcia).
La nueva defensa de Guerra se dedica principalmente a casos penales y cuenta con una amplia experiencia en este campo. De hecho, además de asesorar penalmente a la infanta Cristina, uno de sus fundadores, Pablo Molins Amat, asesoró, por ejemplo, a Fèlix Millet en el caso Palau. En su página web, este bufete dice de sí mismo que «contamos con abogados perfectamente conocedores de la idiosincrasia de juzgados y tribunales, versados en la acción estratégica, tanto en el contexto del conflicto como en el de la negociación. Nuestro estilo se basa en la prudencia y en la discreción».
Algunos de los imputados del caso Umbra y sus defensas han mostrado su extrañeza ante este cambio de defensa de Alberto Guerra. Argumentan que es raro que un bufete de fuera de la Región desembarque en un caso tan local como éste.
La nueva defensa de Guerra se ha estrenado ya ante el juez de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejos, a quien ha remitido un escrito de queja o alegaciones sobre la detención del ex gerente de Urbanismo por el caso de las esculturas de la rotondas de Fernando Berberena. Este documento va firmado por José Ángel Cabello Perry, letrado del bufete Molins & Silva, que se incorporó a éste en 2013 y que trabaja en la sede de Madrid.
