Tres víctimas de la carga policial ocurrida el pasado 15 de junio a las 13 horas a las puertas del Palacio de Justicia mientras el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, declaraba como imputado en el caso Umbra han presentado otras tantas querellas contra uno de los agentes por su brutalidad.

Aquel 15 de junio hubo un grupo de personas vinculadas al movimiento 15M y otras asociaciones sociales que se concentró con la finalidad de mostrar su protesta contra la política del alcalde, y junto a ellos había ciudadanos y cargos políticos del PP que le daban su apoyo, sin que se produjera fricción entre ambos, si bien la treintena de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la policía decidió en un momento dado actuar contra los primeros.

El abogado de las víctimas, José Mateos, ha apuntado que la policía invitó a los concentrados a que se movieran, pero éstos se negaron, por lo que "de forma coercitiva y bastante expeditiva, excesiva y arbitraria, prácticamente a empujones, decidió moverlos de allí".

El objeto de las querellas se centran en la actuación de un único agente identificado que practicó tres acciones, la primer estrangular a Víctor L. "de forma brutal, con una fuerza descomunal, practicando una técnica que, según hemos investigado, se llama la llave del sueño, que pretende es dejar sin fuerzas e inerte a la persona presionándole determinadas arterias del cuello".

Esa práctica está prohibida por todos los convenios internacionales que regulan la práctica de la policía desde el momento que es potencialmente mortal si se aprieta demasiado, ya que la persona puede morir o sufrir daños irreversibles, agregó.

Ese mismo agente golpeó con una fuerza brutal en los testigos con una patada premeditada de kárate cuando Jorge E. estaba inmovilizado por otros dos policías.

Asimismo ese agente cogió del cuello a Pablo C. y se lo apretó hacia abajo estando éste tirado en el suelo, con el peligro de romperle las vértebras.

Contra este agente han presentado una querella por el artículo 175 del código penal que es grave atentado contra la integridad moral del ciudadano, con prevalencia del cargo, y es evidente que lo que este policía pretendía es causar un sufrimiento arbitrario a estos ciudadanos.

Además le imputan una tentativa de lesiones prevista en el artículo del código penal "por las técnicas que utilizó está claro que pretendía como mínimo causar una lesión a estos ciudadanos, o al menos era consciente que con las técnicas que empleaba podía causarles una lesión gravísima e irreversible, y aún así lo hizo de forma brutal y deliverada".

Incluyen en la querella al comisario encargado de la operación policial porque uno de los afectados después de ser agredido le pidió reiteradamente el número de placa de los agentes que actuaron con brutalidad y le respondió con el silencio, lo que supondría la comisión por omisión de los presuntos delitos al no hacer nada por evitarlos y encubrir.

Mantienen que la policía no podría alegar que las personas agredidas no ejercieron violencia de ningún tipo o resistencia como lo demuestra el hecho de que ni fueron identificados, ni detenidos.

A las querellas se les adjunta diversa documentación, entre otras las fotografías y vídeos publicados por los medios de comunicación, y otras realizadas por ciudadanos que se encontraban en aquel momento en el lugar.

Los afectados también han recibido ayuda económica anónima con la que poder hacer frente a los gastos judiciales por este caso.

Comentaron que sobre este hecho ni la Fiscalía ha actuado de oficio, ni el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, se ha pronunciado, ni el jefe superior de la policía en Murcia, Cirilo Durán, a pesar de tener un escrito entregado por éstos en la Delegación de todo lo que ocurrió allí.

"En que situación nos quedamos los ciudadanos si la policía va a actuar de esta manera y ni la fiscalía, ni el delegado o el jefe superior actúan", afirmó uno de los afectados, Jorge E.