Esta misma semana, los vecinos de Fortuna salían a la calle para expresar un clamor colectivo: tenían serios problemas con ocho familias de okupas que se habían metido en unas casas vacías. El movimiento okupa se relaciona en muchas ocasiones con eso: inseguridad, conflictos en la convivencia, entrada por la fuerza en viviendas, personas que enganchan el agua y la luz... Sin embargo, los clichés no siempre se cumplen, y cada vez se dan más casos de okupas tan pacíficos que sus vecinos ni los detectan.

Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España alertaban hace unos días de un hecho: cada vez son más las ocupaciones ilegales de casas en este país. De casas que están vacías por diversas razones: muchas veces son propiedad del banco y otras veces de particulares que prefieren no alquilar (porque esperan para vender).

Este problema se da también en la Región de Murcia. Antonio Ruiz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, indicó que «todas las comunidades han tenido esa lacra». Preguntado por cuántas viviendas calcula que hay en Murcia con okupas, apuntó que la cifra «no es fácil de cuantificar», principalmente porque mucha gente aún ni sabe que su propiedad tiene 'invitados'.

«Generalmente, se trata de pisos vacíos que tienen los bancos. En cuanto estas personas (los okupas) se dan cuenta de que están vacíos, entran», señaló.

Una vez se detecta que hay un inquilino non grato (y que no paga) en una casa, «rápidamente se da aviso al propietario, para que proceda a regularizar la situación». Un proceso que puede alargarse en el tiempo.

Se ha dado el caso de personas que se han ido de vacaciones y, al volver, se han encontrado con su casa okupada y sin muebles. Algunos expertos avisan de que no se trata siempre de familias desvalidas: la mayoría están asesoradas por mafias que se encargan de todos los detalles para alargar su estancia no legal.

Tener okupas es un problema grave, porque no se puede solicitar un desalojo hasta que no se produzca el juicio. Al final, corre el riesgo de volverse una odisea que puede durar años.

De ahí que se opte cada vez más por la prevención. En este sentido, Antonio Ruiz comentó que «cada vez más bancos ponen puertas blindadas» para disuadir a los que intenten entrar. Se trata, en realidad, de tener dos puertas: una es «una chapa que refuerza a la otra», detalla Ruiz.

En Murcia se ha incrementado este problema en los últimos años, aunque el Colegio quiere dejar claro que tampoco «es escandaloso». «Pero, con respecto a hace tres años, hay muchos más», insistió Ruiz.

Uno de los inconvenientes añadidos aparece en «edificios que son muy grandes». Y es que cuanto menos se conoce el vecindario, más difícil es detectar «que uno de ellos no tiene 'papeles' de la casa en la que habita».

Más todavía porque estos okupas «no tienen por qué ser gente de mal aspecto, pueden ser personas que no despierten ningún tipo de sospechas», hace hincapié Antonio Ruiz.

La mayoría de ocupaciones no son conflictivas, y que las que sí lo son oscilan entre el 10% y el 25% del total. Lo dice el estudio La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica, elaborado por el Instituto Cerdà y presentado hace dos meses en la ciudad de Barcelona.

En cuanto a la ubicación de estos pisos propiedad de las entidades bancarias, especificó que suelen estar «en el extrarradio de las ciudades», ya que muchas «son segunda vivienda o vivienda residencial». «No están en núcleo urbano, y tampoco interesa siquiera al okupa», remarcó el representante del Colegio.

En la capital murciana, por ejemplo, hay bloques enteros de pisos abandonados a la salida de la ciudad. Ocurre también en localidades como Molina de Segura: allí hay inmuebles que se quedaron sin vender. También apuntó Ruiz que en la Región se da el caso de «muchos propietarios que tienen su vivienda cerrada y en venta, y prefieren no alquilar porque han tenido, previamente, malas experiencias con inquilinos».

Aunque convertirse en okupa pueda ser una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, los expertos dejan claro (en el ya citado estudio del Instituto Cerdà) que no es la solución ni para la persona ni para la comunidad.