El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el Real Decreto-Ley 10/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas del Segura, Júcar y Duero, aunque varios grupos de la oposición lo han considerado un «parche» y han urgido un debate más amplio para encontrar soluciones a un problema que ya es «estructural». Y también dio el visto bueno a que se tramite como proyecto de ley, susceptible por tanto de ser sometido a cambios vía enmienda.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, explicó que este decreto ley incluye la exención del pago de tasas y canon de riego para los titulares de explotaciones situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía cuando hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal. Se aplaza la cuota de la Seguridad Social para los profesionales de estos sectores; y permite subvenciones de hasta el 100% para ciertos créditos.

Los términos cambio climático, escasez de agua y pacto por el agua, han sido de los más usados por la oposición que, en su mayoría recriminaron a Tejerina que no se haya puesto ya en marcha un plan de trabajo para este problema que afecta casi cada año al país. «Muy insuficente», «injusto y mercantilista» y «sólo medidas paliativas», fueron algunos de los calificativos.