El caso de presunta corrupción urbanística estalló en octubre de 2010 e investiga la legalidad de seis convenios firmados entre el Ayuntamiento y diversos promotores y empresarios, como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, con quien se rubricó el acuerdo de Nueva Condomina en 2001. Presuntamente se permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener plusvalías a cambio de contraprestaciones.
