La Asamblea Regional pedirá informes jurídicos a la dirección general de la Administración Local de la Comunidad para pronunciarse sobre si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tal y como exigen PSOE e Izquierda Unida-Verdes.
La Comisión de Competencia Legislativa de la Cámara tomó ayer esa decisión, según el diputado del PP Vicente Balibrea, quien recordó que el artículo 191 del reglamento del Parlamento señala la necesidad de contar con informes jurídicos a la hora de tomar ese tipo de decisiones.
Una vez que la dirección general de Administración Local envíe su informe jurídico sobre el posible recurso de inconstitucionalidad, la comisión se reunirá de nuevo para debatir y votar si toma o no esa determinación.
El socialista Jesús Navarro lamentó que la comisión no contara ya para su reunión de ayer con informes de los propios servicios de la Asamblea, una ausencia que el PP justificó por la falta de recursos humanos de ese servicio, con un puesto vacante actualmente.
Tanto PSOE como IU solicitan que a los informes DE la dirección general se sumen también los de la Asamblea y los del Consejo Jurídico de la Región, aunque esa petición no salió adelante.
Para el diputado de IU-V, José Antonio Pujante, el informe del Consejo Jurídico no debería faltar en un asunto como este, ya que se trata de un organismo independiente, a diferencia de la dirección general de Administración Local.
Los dos partidos de la oposición cree que la nueva normativa lesionará la autonomía local y vulnerará el principio de democracia en los ayuntamientos.
