En un escrito remitido al juzgado Central de Instrucción número 3 que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez, el acusador público pide que se libre un oficio al Banco de España «con el fin de que puedan ser designados dos peritos que no hayan intervenido en ninguna de las actuaciones inspectoras y sancionadoras seguidas contra la CAM».

A continuación, el representante de la Fiscalía Anticorrupción enumera aquellos aspectos de la contabilidad de la caja que considera que tienen que ser de nuevo auditados por estos peritos «no contaminados». Quiere el fiscal que se informe «si se han calificado y contabilizado correctamente en los estados financieros elaborados por la CAM entre 2007 y 2011 los créditos subestándar, dudosos o fallidos y si se han aplicado correctamente los criterios de rehabilitación».

También busca saber «el tratamiento contable» que se dio a las cuentas de 2010 así como los «estados intermedios de 2011 elaborados por los antiguos administradores de la CAM» a operaciones auditadas por la consultora PwC, un informe realizado a instancias de los administradores de la caja designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y base de las imputaciones contra la excúpula. En concreto se refiere a «la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, al reparto de dividendos de la sociedades filiales de la CAM y a la dotación relativa al fondo de prejubilaciones».

En la petición planteada al juez considera el fiscal que también es relevante que los inspectores del Banco de España se pronuncien sobre la «corrección de las retribuciones asignadas y en su caso pagadas al personal de alta dirección de la CAM» y, «en el caso de que los peritos aprecien irregularidades en los anteriores apartados, si éstas deberían o podrían haber sido detectadas por los auditores externos mediante el desarrollo de los trabajos y procedimientos de auditoría generalmente aceptados».