A un mes para el final del plazo de las ayudas del FROB, Caja Mediterráneo (CAM) se ha convertido en el gran referente de la reordenación del sector al culminar su alianza interterritorial mediante un SIP (Sistema Institucional de Protección) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Falta un mes justo para que se cierre el plazo para pedir ayudas al FROB -el fondo estatal creado para ayudar a la reconversión del sector financiero- y las cajas están acelerando su concentración. La fecha del 30 de junio está muy cerca, aunque en realidad es el 15 el último día admitido por el supervisor para recibir proyectos, y las entidades de ahorros se aprestan a no perder la oportunidad de una mayor capitalización que ofrece ese fondo, aunque el dinero habrá que devolverlo en el plazo de cinco años y con intereses de hasta el 8%. Caro, sin duda, pero no tanto si tenemos en cuenta que los mercados internacionales siguen prácticamente cerrados y que el Banco Central Europeo se apresta a poner coto a las medidas de liquidez con las que ha nutrido en los últimos meses a muchas entidades bancarias, singularmente las españolas. Por si ambas espadas de Damocles no fueran lo suficientemente peligrosas, en el horizonte se perfila un cambio en las normas contables de Basilea que obligará a bancos y cajas a incrementar el capital propio, lo que se traducirá en una necesidad más acuciante de obtener dinero.

Pero, no nos engañemos, en este arreón de los últimos días el gran actor -esta vez no en la sombra- ha sido el Banco de España. En la madrugada del sábado de la semana pasada, el supervisor decidió intervenir la cordobesa Cajasur inmediatamente después de que su consejo de administración (controlado por la Iglesia católica) acordara no aprobar su fusión, negociada durante casi un año, con la malagueña Unicaja, a pesar de hallarse próxima a la bancarrota. Fue el segundo serio aviso para navegantes de la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras el que dio en marzo de 2009 con la intervención de Caja Castilla-La Mancha y que no tuvo el eco esperado. Esta vez no ha sido así. Buena prueba de ello está en el anuncio el pasado lunes de la fusión virtual, mediante un SIP (Sistema Institucional de Protección), entre Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Aunque pudiera parecer que la operación ha sido algo precipitada, lo cierto es que desde hace muchos meses todas las entidades de ahorros han hablado con todas. Unas, escuchando y otras, buscando, incluso desesperadamente en algunos casos, un socio. La CAM ha sido, a este respecto, una de las más activas, principalmente porque el Banco de España la había elegido como una de las entidades emblemáticas para visualizar la reestructuración del sector. La caja alicantina ha realizado muchos movimientos en el último año.

Entre los conocidos, el primero de ellos fue el intento de unión con Caja Madrid, una operación muy bien vista por el supervisor, el Gobierno central y el PP nacional y que inicialmente debía incluir también a Caixa Galicia. Cuando ésta se descolgó por la firme presión de la Xunta, que al final ha conseguido su propósito de unirla a la viguesa Caixanova, CAM y Caja Madrid siguieron adelante hasta que el Gobierno valenciano se plantó por el temor a lo que a todas luces hubiera sucedido: la pérdida de una sede financiera. Fue el pasado mes de noviembre. El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ya entonces muy debilitado por el caso Gürtel, reunió a los responsables de la CAM (Modesto Crespo), Bancaja (José Luis Olivas) y Caixa Ontinyent (Rafael Soriano) para advertirles de que no permitiría una operación contraria a los intereses valencianos y para sugerirles, realmente de tapadillo, que exploraran una fusión interna, un viejo proyecto contra el que se habían estrellado con anterioridad el socialista Joan Lerma y el también popular Eduardo Zaplana. Estos, en unas coyunturas económicas mucho más favorables, temieron los efectos electorales de la enconada oposición alicantina a esta iniciativa. Cada vez más desacreditado por el escándalo de los trajes y rotas todas las relaciones con los socialistas por sus acusaciones en el caso Gürtel, Camps, aunque deseaba la fusión CAM-Bancaja, no se atrevió a dar el paso emprendido por su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien nada más acceder al cargo dejó bien claro que las cajas de su autonomía debían fusionarse sí o sí.

El informe

Fue entonces cuando las dos grandes cajas valencianas encargaron a Analistas Financieros Internacionales (AFI) -y Bancaja otro a Deloitte- un informe sobre su posible unión. Esos documentos acabaron constatando que la operación era inviable en términos económicos y sociales por los excesos en personal y oficinas, la duplicidad de clientes (un 38%) y la concentración de riesgos. Aunque en las últimas semanas, se intentó tímidamente retomar el asunto -técnicos de las dos cajas analizaron la aportación que tendría la venta por Bancaja de sus participaciones empresariales (Banco de Valencia, Iberdrola, Abertis), pero ni aun así- la operación se dio por finiquitada por parte de todos, incluido el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.

La CAM, cada vez más acosada por el Banco de España, retomó viejas conversaciones. En todas las que se han conocido siempre le sucedió que su debilidad financiera, pese a su mayor tamaño, chocó con la mayor solvencia y saneamiento de sus posibles aliados. Primero intentó una fusión con la vecina Cajamurcia, que se rompió por el desacuerdo del presidente de ésta, Carlos Egea Krauel. Lo mismo le sucedió a continuación con la vizcaína BBK, que pretendía asumir el control (51%) de la nueva entidad. En el transcurso de estas últimas negociaciones, celebradas la semana pasada, se acercó Cajastur, que, tras quedarse en subasta (frente a la BBK) la intervenida Caja Castilla-La Mancha, había negociado tiempo atrás un gran SIP junto a Caja Extremadura y Caja Cantabria en el que también estaban Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada. A Cajastur no le gustaron los propósitos de la vizcaína BBK y se marchó.

La Caixa y Caja Madrid

Al igual que tuvo que hacer la CAM, que entonces llamó a la asturiana. Entre el sábado y el lunes, ambas pergeñaron el SIP que sus consejos, junto a los de Extremadura y Cantabria, aprobaron este miércoles y que, de nuevo, aunque de forma menos sangrante, deja a la entidad alicantina con menos peso (40%) del que le darían sus activos (56%). Pero se quitó de encima la presión del Banco de España, el temor a ser absorbida por Caja Madrid o la batalla social y política que habría conllevado una operación con Bancaja.

El SIP de la CAM ha sido el primero tras la intervención de Cajasur, si bien esta misma semana ha trascendido que Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra están negociando el suyo propio, según declaraciones de directivos de esta última. Sin embargo, la caja murciana no da por cerrada ninguna alianza e insiste "en que estamos hablando con unas y con otras".

Eso fue el martes. El viernes mismo La Caixa -la primera entidad de ahorro del país- anunció su fusión con Caixa Girona, que inicialmente formó parte de la fusión ya consumada de las cajas de Sabadell, Tarrasa y Manlleu. Dado el nulo interés de la Caixa en participar en el actual proceso de concentración, todo indica que lo que a final será una absorción de Caixa Girona podría haber estado inducida por el Banco de España. Ese mismo día se despejó una de las grandes incógnitas de este proceso al anunciar Caja Madrid su intención de liderar un grupo con varias entidades de pequeño tamaño, alguna de las cuales se había descolgado de otros procesos: son las cajas de Ávila, Segovia, La Rioja, Caja Insular de Canarias y Caixa Laietana. La decisión final de la entidad que preside Rodrigo Rato, sorprendente por cuanto finalmente ha optado por rebañar alguna de las entidades más descolocadas del mapa financiero español, la aleja, al menos por el momento, de las operaciones por las que apostaban los mercados y que la situaban con una querencia hacia Ibercaja o Bancaja. En el caso de la valenciana era conocido el rechazo del presidente de la entidad, José Luis Olivas, y el del propio jefe del Consell, Francisco Camps.

Con toda esta reordenación ya queda poco por concentrar si exceptuamos a las tres cajas vascas, las dos aragonesas y la propia Bancaja. Sea como fuere, el propio Olivas ha manifestado en alguna ocasión que es más que probable que en el plazo de dos años haya una segunda ola de fusiones para la que reserva a su entidad, siempre que no se produzca ninguna sorpresa en los próximos días. Pero lo que suceda entonces tendrá mucho que ver la decisión tomada esta semana por el Banco de España de aumentar las provisiones para morosidad del 20% al 30%, así como la reforma de la ley de cajas que implicará la privatización parcial de las entidades al dotar de derechos políticos a las cuotas participativas.

Tras el protocolo de intenciones firmado esta semana por la Caja Mediterráneo, Cajastur y las Cajas de Extremadura y Cantabria, los cuatro socios tienen ahora que redactar el contrato de integración. El documento podría estar listo el 14 de junio para presentarlo al Banco de España.