Los firmantes del texto justifican la amnistía como el "medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales (...) y encauzar conflictos políticos y sociales", como el de Cataluña, tras más de diez años de proceso independentista. Una forme de "establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro" y superar "la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población". La amnistía, dice el acuerdo, es "una expresión del papel otorgado por la constitución a las cortes generales". La Carta Magna no sólo no prohibe la amnistía sino que es un "mecanismo constitucional que refuerza el estado de Derecho", que no afecta a la separación de poderes y que está reconocida en la mayoría de países de nuestro entorno y homologado por la Unión Europea. La ley amnistia "todos los actos delictivos vinculados al proceso independentista entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023". Deja fuera "actos no conectados directamente con el proceso independentista" como el caso de Laura Borras o del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé. No afecta a actos con resultado de muerte o lesiones graves y la amnistía no dará derecho a indemnización.
