Caen en Córdoba los cabecillas de una trama criminal por un fraude de más de 3 millones en ayudas de la PAC

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres integrantes de una organización criminal por fraude en las subvenciones europeas agrarias. Los arrestados, mediante la creación de un esquema societario, aparentaban de forma fraudulenta reunir las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas a la política agraria común y habrían ocasionado un perjuicio de más de 3 millones de euros, según informa la Policía. Los detenidos son el presunto responsable de la trama criminal junto a su pareja y otra persona más, como presuntos responsables de fraude en las subvenciones, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Las detenciones se incluyen en la segunda fase de una operación en la que ya se detuvo a 23 personas el pasado mes de septiembre. La investigación se inició en mayo de 2022 tras recibir una solicitud de información de la Fiscalía Europea delegada en España, tras una denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía sobre un presunto fraude de subvenciones.

Una investigación en colaboración con la Junta

La investigación policial, en estrecha relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto que, mediante la creación de un entramado empresarial, se hacían llegar a los solicitantes de ayudas PAC la posibilidad de arrendamiento de parcelas para cumplir con los requisitos exigidos en hectáreas y obtener la ayuda solicitada. Estos derechos de arrendamiento se ejecutaban sobre terrenos cuyos legítimos propietarios no habían cedido derecho real alguno siendo, en todos los casos, desconocedores de su utilización fraudulenta para la obtención de subvenciones por terceros. Los investigadores estiman que podrían haberse beneficiado de fondos europeos a los que no tenían derecho, ocasionando un perjuicio económico de 3.300.000 euros a la administración.

Estos titulares reales, ante el desconocimiento de su uso fraudulento por terceros, expresaban su sorpresa al ser ellos los que cultivaban o mantenían esos terrenos. Respecto a otras parcelas, se ha comprobado que se corresponden con terrenos pertenecientes a la Administración Central, ubicados en zonas aeroportuarias, zonas militares, o son fincas dedicadas a la producción de energía fotovoltaica con paneles solares en toda su extensión o labradas por sus legítimos propietarios.

Los principales investigados crearon un entramado societario, a través de cuál, celebraban falsos contratos de cesión de uso de parcelas de terceros sin su conocimiento ni consentimiento. Alguna de estas sociedades se encontraba sin actividad y administrada por personas interpuestas o testaferros que desconocían los hechos investigados. La finalidad era dificultar la inspección de la administración autonómica, mediante la ocultación del punto de compromiso, impidiendo la trazabilidad del subarriendo de las parcelas con el consentimiento de los legítimos propietarios.

Parcelas propias o de terceros

La investigación ha puesto de manifiesto el surgimiento de sociedades o particulares que, a cambio de una compensación económica, ceden el uso de parcelas propias o de terceros, para que otros completen las hectáreas necesarias para poder percibir la ayuda PAC.

Muchos de los detenidos en la primera fase de la investigación son beneficiarios, conocedores de que las parcelas subarrendadas no podían ser cedidas para el uso marcado por la normativa europea (zonas aeroportuarias y militares, labradas por sus legítimos propietarios, terrenos con placas fotovoltaicas, sitas en provincias distintas al domicilio del beneficiario, etc.), y aun así, utilizaron las referencias inmobiliarias para solicitar una ayuda a la que no tenían derecho.