12 horas los 7 días de la semana y un alquiler a descontar: investigan a dos hombres por explotación a sus trabajadores en Beniel

La Policía Nacional detuvo a dos hombres de 57 y 37 años como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, al que se suma el de favorecimiento de la inmigración ilegal. Ambos, uno de nacionalidad marroquí y otro española, se encuentran en libertad a la espera de juicio al que se enfrentan como presuntos responsables de la captación y explotación de inmigrantes en especial situación de vulnerabilidad en una finca situada en Beniel.

No es la primera vez que los agentes se topan con ellos. Este terreno ya fue objeto de una investigación hace tres años, en 2021, por el mismo asunto. Supuestamente se explotaba laboralmente a sus trabajadores, todos ellos extranjeros, que debido a su situación personal aceptaban unas condiciones abusivas. Les habrían hecho la falsa promesa de regularizar su situación al cabo de tres años.

Los nuevos datos recopilados han permitido a la Policía Nacional reabrir la investigación y comprobar que el propietario de la finca había retomado la actividad. Según el CNP, sometía a los trabajadores en situación irregular -sin dar de alta en la seguridad y sin contrato- a jornadas de trabajo que alcanzaban las 12 horas diarias durante los siete días de la semana. Habrían cobrado por ello cerca de 700 euros al mes.

Además, indican que muchos de ellos convivían hacinados en habitáculos dentro de un almacén situado en el terreno. Habrían tenido que pagar por ello un alquiler de entre 100 y 150 euros que se les descontaría del sueldo.

Pagar 3.500 euros por un contrato

Pese a que les prometía regularizar la situación en un periodo de tres años, el dueño, añaden, les proponía 'adelantar' la elaboración de un contrato laboral con una condición: a cambio de que pagaran 3.500 euros por el trámite.

Los presuntos responsables se encuentran a la espera de juicio.

"Llevamos 30 años regularizando a los empleados"

Uno de los implicados defiende su inocencia y añade que la empresa familiar de frutas y hortalizas lleva 30 años en activo y, en ocasiones, han contratado trabajadores a petición de Cáritas, que solicitaban trabajo para inmigrantes sin papeles. "Les hicimos contrato para regularizar su situación", detalla a La Opinión.

El hombre explica que ni ha explotado nunca a sus trabajadores ni los emplea en situación irregular ni les cobraba alquiler alguno por alojarlos. Es más, sí que les ofrecía un lugar en el que quedarse, dado que durante la pandemia algunos de los trabajadores les preguntaron si tenían un sitio en el que pudieran estar, afirma, y les dejaron esa zona situada en el terreno que, insiste, es habitable y en el que los empleados "estaban encantados y agradecidos".

El problema, indica, es que esos mismos empleados habrían alojado a la vez en el mismo lugar a otros conocidos sin que los dueños tuvieran conocimiento. "Cuando se hizo la redada había gente gente a la que no conocíamos", aclara. Concluye que desde su empresa siempre se regulariza a los trabajadores y algunos de ellos acudirán al juicio en calidad de testigos para dar fe de ello.