Hallan más de seis toneladas de residuos peligrosos en una empresa de Lorquí

Cuatro personas investigadas y más de seis toneladas de residuos peligrosos inmovilizadas en una empresa de Lorquí. Es el resultado de la denominada operación ‘Fake Manager’, en la que el Seprona de la Guardia Civil investiga los delitos de falsedad documental y estafa. No hay detenidos, sí imputados que están libres con cargos. La compañía bajo sospecha, en el citado municipio de la Vega Media, prestaba servicios a clínicas y centros de tatuaje "sin la preceptiva autorización para gestionar este tipo de residuos", indica la Benemérita en un comunicado.

Todo comenzó con una denuncia "por parte de un gestor de residuos peligrosos, en la que informaba de una incidencia relacionada con la recogida y tratamiento" de los mismos. Según este hombre, "un responsable de una clínica dental había solicitado a la empresa gestora de residuos un justificante para acreditar que sus residuos peligrosos habían tenido entrada en su centro de gestión.

Al parecer, estos residuos habían sido recogidos de su centro de trabajo por una mercantil transportista, con la que se comprobó que no tenía vínculo comercial, por lo que no pudo emitir los documentos de control y seguimiento solicitados, los cuales, al parecer, estaban siendo falsificados en el apartado de gestor final, con las consiguientes pérdidas económicas y de credibilidad en el sector", detalla el cuerpo.

Se culpan entre ellos

Según la nota del Instituto Armado, "la empresa transportista que, presuntamente, estaba tras la falsedad documental denunciada, realizaba el cobro de los servicios ofrecidos en metálico: los centros productores de residuos no pudieron aportar datos sobre las personas que realizaban las recogidas y, además, la mercantil pertenecía a dos personas, que se culpaban entre ellas, por lo que inicialmente no se pudo determinar al autor de los hechos denunciados".

Los investigadores pusieron en caso en conocimiento del Gobierno regional, en concreto de la Dirección General del Medio Ambiente, "que inició varios expedientes administrativos de sanción por la mala praxis detectada a la mercantil transportista, por no informar de donde se entregaban los residuos peligrosos". Mientras, el Seprona, que aún tenía la investigación en marcha, detectó "en una inspección rutinaria a una clínica veterinaria de Molina de Segura que, en sus documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos, la empresa vinculada a la investigación anterior estaba operando nuevamente".

Modus operandi

La mercantil investigada iniciaba su actividad estableciendo un vínculo con los centros productores de este tipo de residuos peligrosos, ante la necesidad de hacer entrega de estos, regulados por la Ley de 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

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La empresa intermediaria de los residuos peligrosos ofrecía sus servicios a través de una página web y, una vez contratada la recogida, transportistas de la mercantil investigada pasaban por los establecimientos para la recogida de contenedores, de unos cinco kilogramos de capacidad, llenos de residuos y entregaban otros de las mismas condiciones vacíos para continuar con el servicio.

Generalmente, el cobro por estos servicios se hacía en efectivo, aunque con posterioridad se realizaba mediante transferencia a una cuenta bancaria, cuya titular no tenía cargo de regencia en la empresa, solo un contrato laboral por horas.

Los documentos de control y seguimiento de los residuos gestionados, presuntamente, eran falsificados con los datos de la mercantil que figuraba como gestora final, a la que no se le hacía entrega de estos residuos ni tampoco se le abonaban los gastos por estos servicios. Los gestores de la mercantil investigada se apropiaban de las cuantías de gestión final de los residuos y estos eran depositados y acumulados.

Registro en la sede

Los investigadores del Seprona ubicaron una sede de la empresa transportista de residuos en el municipio de Lorquí. Se trataba de una parcela vallada donde se llevó a cabo una inspección y se hallaron más de 6.000 kilogramos de utensilios de las clínicas veterinarias, dentales y centros de tatuajes, que quedaron inmovilizados a disposición de la Dirección General del Medio Ambiente.

"Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha identificado, localizado e investigado a cuatro personas vinculadas a la mercantil –con funciones de administrador único, un empleado más y dos transportistas que se encargaban de la recogida de los residuos–, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa".

"De los hechos constatados se informó a los colegios oficiales de Odontólogos y Veterinarios de la Región de Murcia, para su difusión entre los colegiados y que pudieran presentar sus alegaciones como perjudicados. Los guardias civiles que han dirigido la investigación han verificado, hasta el momento, una treintena de clínicas afectadas por estas supuestas actividades ilícitas, aunque se estima que el número de empresas perjudicadas supere con creces el centenar, entre la Región de Murcia y las provincias limítrofes de Albacete y Alicante".