18 investigados por aportar contratos falsos a inmigrantes en Murcia para regularizar su situación

Este miércoles se ha conocido el cierre de la instrucción de una de las causas más complejas de la justicia, para la que el juzgado ha necesitado una juez de refuerzo durante tres meses. El magistrado del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha acordado que continúe el procedimiento contra 18 investigados por integrar un grupo que se dedicaba a ofrecer falsos contratos de trabajo a inmigrantes irregulares. Eran principalmente africanos y magrebíes, todos en estado de necesidad, a los que se les 'facilitaba' la supuesta vinculación laboral a través de empresas sin actividad para regularizar su situación en España.

El titular ha dictado la resolución en un auto notificado esta semana que pone fin a una investigación de más de 60 solicitudes de permiso de residencia, con un voluminoso el expediente digital judicial de más de 2000 acontecimientos. El refuerzo del juzgado fue autorizado por la Unidad de Actuación en Causas Complejas (UACC) del Consejo General del Poder Judicial, a petición del Tribunal Superior.

Los investigados

El principal investigado del procedimiento es el administrador de una asesoría al que se considera como organizador de la trama. También está encausado uno de sus hijos, que se habría encargado de la recepción del dinero por parte de los extranjeros y el control de pago de las cuotas y las altas y bajas en la Seguridad Social.

A su vez, el procedimiento se dirige también contra quienes figuraban como administradores de las empresas utilizadas, como posibles testaferros, así como ciudadanos extranjeros que habrían aportado los contratos falsos en los expedientes de residencia y que lograron que se les regulara.

Se les investiga por delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización o grupo criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación del estado civil.

Testigos protegidos

El auto subraya que "las declaraciones de los testigos, algunos de ellos protegidos" han resultado "especialmente incriminadoras" y que acreditan "indiciariamente" que los dos principales investigados "vendían contratos a los extranjeros, cobrando importantes precios por ello".

Ambos habrían "utilizado a todo el mundo, a inmigrantes, empresas, testaferros, etc., con el único fin de enriquecerse personalmente, y ello abusando de la penuria y miseria de ciudadanos débiles y desesperados, llegando a presentarse en la sede judicial como una especie de redentor o mesías salvador", recoge la resolución, que no es firme y contra la que cabe apelación.

No se han levantado las medidas cautelares existentes, más concretamente el bloqueo de las cuentas bancarias, ya que el magistrado considera que es la única forma de que, en caso de condena, se reintegre a las víctimas las cantidades que pagaron.