El examen teórico para ocupar 35 plazas de conductor mecánico bombero en el Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (Cepei) de la Diputación de Badajoz ha terminado en el juzgado por la presunta filtración de las preguntas entre los aspirantes. De momento la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha dado lugar a la detención de cinco personas por el presunto de delito de descubrimiento y revelación de secretos y hay una sexta persona investigada. Las detenciones tuvieron lugar entre noviembre y diciembre del año pasado y enero de 2022, según ha confirmado a este diario la Policía Nacional. Entre los detenidos está el jefe del parque de bomberos de Castuera, responsable de la redacción de las preguntas del examen y miembro del tribunal de la prueba, además de un representante del sindicato SIP y tres aspirantes. El investigado es el gerente del Cepei. Fuentes consultadas apuntan que podría haber aún más detenciones y que lo ocurrido no solo afectaría al propio consorcio sino al Área de Recursos Humanos, como responsable de los tribunales de la oposición. Estas mismas fuentes señalan que entre las numerosas declaraciones que se han ido recogiendo durante la investigación, existen testimonios que aseguran que en el inicio de la filtración pudo haber una supuesta transacción económica de por medio, a cambio de las preguntas. Sera la investigación la que determine si así ocurrió.

La oposición para ocupar estas plazas se convocó a finales de 2020 y el 22 de mayo se celebró la prueba teórica en Badajoz. Se habían apuntado 1.054 aspirantes, aunque finalmente concurrieron la mitad, aproximadamente. Constaba de 50 preguntas. Según se desprende la investigación, pudo haber una posible filtración entre los aspirantes de una veintena de cuestiones. El sindicato USO, que está personado en la causa, tras conocer que estaban circulando a través de redes sociales (WhatsApp y Telegram) una batería de preguntas que pudieran corresponder con el examen, las registró ante notario el día antes como prueba. Finalmente, aunque el contenido de una parte coincidió con las que salieron en el examen, no eran textuales. Pudo haber dos filtraciones. Otra fue denunciada por uno de los aspirantes a las plazas, que fue la persona que dio la voz de alarma tras la celebración del examen teórico.

El 13 de junio la Diputación de Badajoz emitió un comunicado para informar de la suspensión temporal de esta oposición. Según explicó, adoptaba esta decisión a raíz de la denuncia realizada por un aspirante por una posible filtración de respuestas. Esta denuncia la realizó en primera instancia ante el gerente del Cpei que, según la diputación, puso los hechos en conocimiento del área de Recursos Humanos, que inició una investigación interna. Ante la negativa del aspirante a colaborar, se determinó incoarle un expediente disciplinario, ya que es empleado de la diputación. Después de la denuncia, la Brigada Provincial de Policía contactó con el organismo provincial para recabar datos. Debido a la la gravedad de los hechos investigados, dicho organismo decidió suspender temporalmente el proceso selectivo y "colaborar con las autoridades policiales y judiciales para contribuir al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, a la depuración de las posibles responsabilidades", recogía la nota.

El proceso de selección sigue en suspenso, pendiente del resultado de las investigaciones. Este diario se ha dirigido hoy a la diputación para que valore lo sucedido y se remite al comunicado de junio, al tiempo que insiste en que no le corresponde en estos momentos aclarar nada pues los hechos se circunscriben a la investigación y la diputación está colaborando en todo momento con la autoridad judicial y policial. Tampoco ha querido confirmar si los detenidos, que fueron puestos a disposición judicial y el juez decretó su libertad, siguen todos en sus cargos. La diputación se personó en las diligencias previas del juzgado.

No ha trascendido el alcance real de la presunta filtración y a cuántas personas pudo llegar el cuestionario. El delito de descubrimiento y revelación de secretos afectaría a quienes reenviaron el cuestionario, no a quienes lo recibieron.