Despedir a una empleada del hogar sin justificación es ilegal, pero se sigue haciendo: "Sucede casi a diario"

María (nombre ficticio) llevaba tres años trabajando en una casa. Primero, tuvo una incapacidad por una operación a la que fue sometida y, cuando volvió a su puesto, sufrió un esguince que no le permitía seguir ejerciendo su profesión de forma temporal. El mismo día que comunicó a sus empleadores que tenía que estar de baja, fue despedida. Vio en la televisión un reportaje que explicaba las mejoras que iba a traer a las empleadas del hogar el real decreto-ley 16/2022, aprobado en septiembre del año pasado. A partir de su entrada en vigor, las trabajadoras domésticas no podrían ser despedidas sin justificación y empezarían a cotizar al desempleo. "Mi empleador vio el reportaje y no quería que me acogiera a esa ley", afirma.

Decidió entonces demandar a su empleador por despido improcedente. Ella fue una de las últimas despedidas por desistimiento, algo que actualmente es ilegal. Cada despido tiene que venir acompañado de una justificación y desciende de un cambio en las necesidades de cuidado, de motivaciones económicas o de "una tercera causa que se parece bastante al desistimiento, que es la pérdida de confianza", explica Cristina Barrial Berbén, autora del libro 'La trinchera doméstica. Historias del trabajo en el hogar', en él narra situaciones de vulnerabilidad similares a la de María.

El caso de esta trabajadora del hogar, a pesar de la norma, no es aislado. "Nos llegan situaciones de este tipo casi todos los días", explica Guillem Matas, abogado del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (Sintrahocu). A diario, se encuentran con empleadores "que no tienen un conocimiento profundo de la ley y que siguen utilizando el desistimiento, que en principio debería haber desaparecido".

A quienes aplican el real decreto-ley para despedir a una trabajadora, dice este abogado, "siguen faltándoles fundamentos". "Es difícil decir cuánto tiene que justificar un empleador la situación que está viviendo en su hogar. En el caso de una empresa está muy claro, pero en el caso de una familia es diferente. Hay mucha gente que dice que han cambiado las necesidades de la familia, pero no lo justifican en absoluto y es difícil saber medir si se está cumpliendo con la ley o no", argumenta.

"Antes, con el desistimiento, no había que justificar por qué venía una pérdida de confianza y ahora sí que hay que aportar pruebas, como que la trabajadora del hogar haya cometido un robo en la casa y que haya pruebas de ello o que haya maltrato por parte de la trabajadora hacia la persona a la que cuida. Pero, en las asesorías laborales y en Sintrahocu, están viendo que en realidad están parando despidos libres", lanza Barrial Berbén. Actualmente, en este sindicato gestionan, en algún lugar del procedimiento, "unos 20 o 30 casos", dice su abogado, con las demandas ya presentadas, aunque, con las huelgas de los funcionarios de Justicia, prácticamente no ha habido pleitos en los que se haya tratado este asunto.

El abogado Ismael Sánchez, que atiende los casos del colectivo Sedoac (Servicio Domestico Activo), sostiene, no obstante, que "siguen existiendo" estos despidos improcedentes, pero que, a raíz de la norma, "son más residuales". El Ministerio de Trabajo aún no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre si se han incrementado las inspecciones de trabajo a empleadores que aún despiden por desistimiento. Cristina Barrial Berbén considera que la aprobación del real decreto-ley supone una "victoria bastante limitada" y asegura que "todavía es muy temprano para afirmar que las tres causas de la tipificación de los despidos estén funcionando para que se acaben los despidos por desistimiento".

No cobrarán el paro, mínimo, hasta octubre de 2023

El real decreto-ley se aprobó después de que se anunciasen otras dos conquistas para las trabajadoras de este sector. En febrero de ese año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el sistema español era discriminatorio por no reconocer el derecho al desempleo a este colectivo, principalmente copado por mujeres, "casi la mitad de ellas migrantes", apunta Cristina Barrial Berbén. Las empleadas del hogar se encontraban en una "desventaja particular" con respecto a los trabajadores por no tener derecho a paro. Meses después, en junio de ese mismo año, el Congreso de los Diputados apoyó la adscripción al Convenio 189 de la OIT, una demanda histórica que les permitía equiparar sus derechos laborales a los de otros sectores y ampliar su protección social.

"Cada derecho conquistado es una victoria para nosotras, pero hay que exigir que se cumpla", reclama Marina Díaz, secretaria de Acción Sindical de Sintrahocu. A pesar de que el real decreto-ley permite desde octubre del año pasado que las trabajadoras del hogar coticen al desempleo y al FOGASA -ya lo hacían antes a la Seguridad Social-, no podrán tener derecho a paro hasta octubre de 2023. Todo trabajador, para tener derecho a paro, necesita haber cotizado un año entero. "Si después de un año de cotización al desempleo, le despiden, aunque su trabajo se haya desarrollado para empleadores diferentes, tendría derecho a cuatro meses de paro. Pero, si en medio han ido teniendo lagunas, no tendrán derecho al desempleo", se lamenta Guillem Matas. 

Para Cristina Barrial Berbén esta coyuntura "es una burrada". "En los colectivos de trabajadoras del hogar se encuentran mujeres que han trabajado 20 o 25 años sin parar, incluso estando dadas de alta, y las han despedido poco después de octubre, por lo que no tendrían derecho a prestación por desempleo", refleja. En las asociaciones reivindican que esta medida tendría que haber sido retroactiva para que se tuviese en cuenta toda la vida laboral de la trabajadora. "Si el problema es económico, el Estado tendría que haber compensado esta ausencia de cotización para el desempleo durante los años anteriores", dice la autora de La trinchera doméstica.

Desde Sintrahocu insisten, además, en que se revise si se cumple la ley en cuanto a las jornadas laborales de ocho horas y a los periodos de descanso de estas empleadas. "También nosotras las trabajadoras del hogar y los cuidados necesitamos conciliar nuestra vida laborar con la vida personal y familiar", dice Marina Díaz, que concluye: "Con las trabajadoras del hogar siguen en deuda. No están cumpliendo con la sentencia del TJUE, porque la desigualdad continúa".