El Constitucional frena el derribo de Valdecañas hasta que resuelva los recursos

El derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas se paraliza. El Tribunal Constitucional (TC) ha decido este martes suspender de forma cautelar la demolición completa del resort de lujo cacereño ordenada por una sentencia del Tribunal Supremo, en febrero de 2022, mientras resuelve los tres recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, los propietarios de los chalés y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. 

Estas tres partes del conflicto, abierto en el complejo hace ya más de una década, habían solicitado estas medidas cautelares cuando recurrieron hace ya un año al Constitucional la sentencia del Supremo. Pero ha sido esta mañana cuando ha tenido lugar el pleno para debatir esta solicitud y ha sido una reunión con mucho debate. La decisión ha sido muy discutida, ya que se ha tomado de forma muy ajustada: la suspensión cautelar del fallo del Supremo se ha acordado con los votos a favor de seis magistrados, frente a la negativa de otros cinco magistrados. Es el mismo resultado que se obtuvo cuando se admitieron los recursos de amparo. 

Según detalla el Constitucional, la decisión del pleno ha contado con los votos particulares de la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán, de las magistradas María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez y del también magistrado Ramón Sáez. Estas voces "consideran que la suspensión de la ejecución de la sentencia es prematura porque no hay riesgo inminente, al margen de que no se contempla en la ponderación el interés público de protección del medio ambiente", señala el Constitucional.

Sin embargo, los otros seis magistrados que han dado sus ‘síes’ a la suspensión creen que puede haber daños irreparables, ya que el derribo de todo lo construido y en funcionamiento en la isla conllevaría "perjuicios económicos difícilmente reparables por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse", explica el TC, que asegura que ha ponderado los distintos intereses que concurrían en este caso. Es decir, que si el Constitucional no frena el derribo y los tres recursos de amparo que tiene que estudiar y analizar a fondo este mismo tribunal determinan que hay que mantener el complejo de lujo se podría producir un daño irreparable. "De no concederse la suspensión, la demolición de todo lo construido en el complejo ya se habría producido en el momento en el Tribunal Constitucional resolviese los tres recursos, con lo que ya no sería posible devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución de la sentencia judicial impugnada en los recursos de amparo". Por eso el pleno, finalmente, consideró "necesario" conceder la suspensión cautelar, subraya en su nota informativa, la cual es el primer avance mientras se redacta el auto que enviará a las partes probablemente esta tarde o mañana.

Esta última decisión judicial supone, en la práctica, que la Junta de Extremadura no tendrá que redactar en un plazo de ocho meses el plan de trabajo para llevar a cabo el derribo total del complejo, como le ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a instancias del Tribunal Superior. El reloj se pone de nuevo a cero y estará parado, de momento, durante varios meses, porque algunas voces apuntan que el Constitucional podría tardar todavía entre seis meses y un año en resolver los tres recursos de amparo pendientes. Este largo conflicto continúa.

2011, el punto de partida

El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la Isla de Valdecañas y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El Tribunal Supremo confirmó las resoluciones del TSJEx, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la organización ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.