¿Qué medidas contempla la 'ley Rhodes’ para prevenir que las menores sufran violencia machista?
Por un lado, se ha modificado la ley de responsabilidad penal de los menores, para dotar de nuevos derechos a las víctimas de delitos de violencia de género, que deben ser notificadas, por escrito, de las medidas cautelares de protección adoptadas. Y, por otro lado, la ley de protección a la infancia promueve la educación afectivo sexual en todas las etapas, independientemente de la titularidad del centro, adaptada al nivel madurativo de los alumnos. Aún así, prevenir la violencia de género es complicado, tiene mucho que ver en cómo enseñamos el mundo a los niños y las niñas en todos los ámbitos, por lo que evitar la violencia machista es más labor de toda la sociedad que de una ley.
¿Por qué cree que se repiten los patrones machistas en los adolescentes?
Los expertos llevan años analizando por qué en un momento en el que la igualdad se ha trabajado mucho, los más jóvenes siguen teniendo conductas machistas. Algunos profesionales señalan que el problema es que los niños y jóvenes reciben mensajes contradictorios. Por un lado les decimos que se tienen que portar bien y respetar a los demás pero luego las canciones, los videojuegos y otros mensajes dicen lo contrario. Parece que las estructuras más formales están en la misma línea de prevenir la violencia y fomentar la igualdad pero están recibiendo otros mensajes que están provocando un incremento de la violencia, sobre todo por parte de los más jóvenes.
¿El acceso al porno está relacionado? ¿Es partidaria de que se impida su acceso a los menores?
Ningún niño debe estar expuesto a contenido dañino. La evidencia es clara. El contenido pornográfico puede ser extremadamente perjudicial para los niños. Puede conducir a una mala salud mental, al sexismo y la cosificación, a la agresión sexual, etc. Unicef está alarmado por la enorme cantidad de contenido pornográfico disponible en la red y de fácil acceso para los niños. Según datos de uno de nuestros estudios, 1 de cada 3 adolescentes ha accedido a webs de contenido pornográfico. Para frenarlo, se pueden tomar medidas de supervisión y acompañamiento a las familias y potenciar una educación afectivo sexual que sea capaz de contrarrestar el efecto dañino de estos contenidos. UNICEF insta a los gobiernos, la industria tecnológica, las escuelas, los padres y madres y a las comunidades a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los niños de todo contenido dañino. Los gobiernos deberían establecer estándares, códigos y guías para los proveedores de servicios y asegurar su cumplimiento.
¿Y qué medidas contempla la ley para proteger a los niños que viven en un entorno de violencia de género?
En este aspecto se han hecho ya muchos avances y la legislación contempla que esos menores son víctimas directas y merecen protección. Y la ley ‘Rhodes’ amplía la protección con cambios, por ejemplo, en el régimen de visitas cuando un padre está acusado de violencia de género. Antes el juez tenía que argumentar por qué suspendía las visitas con los hijos y ahora sería automática la suspensión, salvo que el juez decida lo contrario por el interés superior del menor. Está habiendo cierto debate en el ámbito jurídico sobre si basta con una denuncia para retirar las visitas. Tenemos que ir viendo las decisiones que adoptan los jueces. El principio que debe guiar es el interés del menor, examinar bien cada caso, ver el riesgo que corre, su bienestar... porque en los divorcios conflictivos pocas veces se tiene en cuenta que el derecho que debe primar es el del niño y en estos casos sucede lo mismo.
Por otro lado, ¿qué disposiciones contiene para prevenir y resarcir a los menores víctimas de abusos sexuales?
Es una ley integral, lo que significa que intenta prevenir y tratar todo tipo de violencia, también los abusos sexuales. Lo que hace la legislación es algo muy pionero y novedoso, que ha recomendado la ONU y que supone cambiar el enfoque y no sólo centrarse en atender a las víctimas, que implica llegar demasiado tarde, sino en prevenir la violencia. Para ello, la ley intenta establecer entornos seguros y protectores con una serie de medidas como protocolos, creación de figuras que estén vigilantes para que no se produzca la violencia sobre el menor y, si ocurre, que se pueda detectar y atender a la víctima de la mejor manera posible.
¿Estas medidas serán de aplicación en los colegios religiosos?
Sí. La ley no hace diferencias entre tipos de colegios. Hay un capítulo entero destinado a los centros educativos que establece varias medidas que tienen que cumplir todas las escuelas. Y el garante es la autoridad autonómica.
¿Cree que la ley debería haber incorporado algún capítulo específico sobre la pederastia en la Iglesia?
La ley, al ser integral, ha intentado evitar fijarse en un solo tipo de víctimas, de violencia o perpetradores. Lo que trata es de apelar a que la responsabilidad de prevenir la violencia es de todos. De hecho, refuerza mucho el papel del ciudadano, que debe comunicar cualquier situación de violencia que conozca y establece el deber reforzado de los profesionales, como profesores, médicos o monitores. Al ser una ley integral, no se ha detenido en la pederastia en la Iglesia.
¿Qué funciones tendrá el coordinador de bienestar en los colegios?
Estamos trabajando con el British Council en su implantación, porque ellos hace años que disponen de esa figura y en los colegios británicos también existe y nos cuentan que un gran porcentaje de su trabajo es preventivo, esa es la base del iceberg. Por tanto, el coordinador deberá hacer formaciones, dar charlas a los alumnos y si detecta cualquier conducta de riesgo, en el centro educativo o fuera de él, debe poner en marcha todas las actuaciones. Y es que sus funciones no deben circunscribirse a lo que acontece dentro de la institución escolar, sino que deben extenderse hacia los riesgos presentes en la vida de su alumnado. Deberá por tanto mantener relaciones con el equipo directivo, con los tutores, con el equipo de orientación y con la inspección educativa. Y, de forma externa, con las unidades especializadas en prevención, como las fuerzas de seguridad, los servicios sociales, el ámbito sanitario y, en los casos que se judicialicen, con la Justicia.
Debe haber coordinadores en todos los colegios en septiembre, ¿dará tiempo?
Algunas comunidades han dado ya un paso adelante y les están nombrando. Lo que nosotros pedimos es que, como es una figura que tiene unas competencias específicas, estén formados, apoyados por el centro y, si es posible, que se forme una red de coordinadores para poder compartir buenas experiencias.
¿Se está produciendo ya esa formación?
Depende mucho de las comunidades y de los propios colegios. Los centros concertados y privados, que tienen libertad a la hora de formar a los coordinadores, nos costa que en algunos, sobre todo religiosos, incluso antes de la entrada en vigor de la ley, estaban capacitando a personas.
La ley aumenta los plazos de prescripción, ¿se puede aplicar a los abusos sexuales antiguos que se denuncien ahora?
No, porque no tiene efecto retroactivo.
¿Unicef está de acuerdo en que el Defensor del Pueblo investigue la pederastia en la Iglesia?
Estamos de acuerdo en todo lo que sea trabajar por el derecho de las víctimas a que se reconozcan los delitos y a prevenir que esto suceda. Además del trabajo que tienen que hacer los jueces, las congregaciones y la Iglesia, si los expertos consideran que una investigación del Defensor del Pueblo puede ayudar a estos objetivos, esperemos que contribuya.
