Sánchez, cercado por la corrupción

Lo llevábamos advirtiendo desde hace tiempo: a Pedro Sánchez le cercan problemas cada vez más acuciantes de supuesta corrupción y debería afrontarlos antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso, cada semana y cada día, vamos conociendo hechos que no hacen sino añadir más gravedad a la situación del matrimonio que habita en la Moncloa. 

Desde luego, que la esposa del presidente del Gobierno sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria. Pero sí debería obligar al señor Sánchez a que asumiera su responsabilidad política inmediatamente. No hay precedentes de que negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la Justicia española y europea. Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España. 

Nunca hasta ahora ninguna primera dama en democracia había planteado conflicto político, moral o judicial alguno, ni mucho menos llegando al extremo de tener que declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La ciudadana Begoña Gómez tendrá que dar las respuestas oportunas ante la Justicia, que ha de decidir sobre si sus negocios se llevaron a cabo o no con arreglo a la ley. Pero su marido, como presidente del Gobierno de España, debería dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exigen hechos políticamente tan graves, que no son éticos ni estéticos. 

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Un presidente que llegó hace seis años a la Moncloa asegurando abanderar la regeneración política y la lucha contra la corrupción, ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Ahora, sin embargo, pretende despachar un asunto de esta gravedad agitando el espantajo de la ultraderecha y cultivando de nuevo el género epistolar. 

Pedro Sánchez debería dejarse de publicar cartas enlatadas en redes sociales y ofrecer de una vez explicaciones, tanto ante las Cortes Generales como ante los medios de comunicación. Y si se ve incapaz de darlas, tendría que dimitir inmediatamente.

Es un insulto a la inteligencia de los españoles pensar que todo se resuelve con una nueva misiva, en la que, además, arremete contra todo el que ose criticarle. Si con la primera carta Sánchez pretendió ocultar la imputación de su mujer, con la segunda busca pasar por alto acusaciones gravísimas que han llevado a su mujer a un juzgado. Ante escándalos sin precedentes como éste, en democracia no se escriben cartas, sino que se da la cara.

Aunque sus salidas de tono son constantes y permanentes, acusar a los jueces de perseguirle por motivos políticos no es propio de un presidente con convicciones democráticas, que como tal debería respetar de forma escrupulosa al Poder Judicial y el principio de división de poderes. Es de extraordinaria gravedad que el presidente del Gobierno deslice la idea de que los jueces españoles prevarican, porque entonces también estaría prevaricando la Audiencia Provincial de Madrid, e incluso la Fiscalía Europea.

Sánchez echa la culpa a los medios de comunicación y periodistas por publicar información que es incómoda para el poder, y a la oposición la tacha de facha y extremista, pero nunca asume sus propias responsabilidades y no da respuesta. Su actitud es fruto del manual del buen populista, y es reflejo de una política incompatible con los hábitos y usos de la democracia, que como tal merece ser superada.

Cuando el Estado de derecho actúa, Sánchez considera que es una persecución, y no lo es: es la democracia. Las leyes se aplican a todos, también a Sánchez y a su mujer. Por mucho que Sánchez se dedique a amnistiar a políticos, en España todavía hay Estado de derecho. Una división de poderes que el Partido Popular sí respeta. Porque creemos en ella. 

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