Se nos pega el arroz

¿De qué sirve que un gobierno establezca unas ayudas si luego la administración no es capaz de atender y gestionar la documentación de los solicitantes? En España, el caso del ingreso mínimo vital o el de las ayudas a la dependencia son paradigmáticos. La burocracia. En el Diccionario de la Real Academia se ofrecen cuatro definiciones y usted ha pensado en la cuarta: «Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.» Cualquiera que tenga que hacer un trámite con la administración, sea la del Estado, sea la autonómica, o incluso la municipal, sabe de sobra el tiempo, la paciencia y las complicaciones que va a tener que afrontar. Y ello a pesar de que el funcionariado español trabaja en condiciones ‘heroicas’ y gracias a eso los servicios públicos funcionan… hasta donde pueden. Que nuestra administración es poco ágil y de difícil acceso para el ciudadano es algo sabido.

Acaba de publicarse un ensayo titulado El colapso de la Administración en España (Catarata) que firma Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, que analiza la complicada situación y advierte del riesgo cierto de colapso (ya tenemos indicadores de precolapso: tiempo necesario para trámites o las listas de espera en Sanidad) si no se toman medidas urgentes. Sean bienvenidas estas contribuciones desde el ámbito universitario al debate público de los problemas reales de los ciudadanos.

Señala Ramió que los empleados públicos españoles son viejos, porque la media de edad es de más de 50 años, y en algunos servicios, de casi 60. Como no se ha acometido una verdadera reforma de la administración en casi 50 años, los primeros que sufren diariamente las trabas del sistema son los propios funcionarios, lo que provoca desmoralización y cuando llevas 30 años pelándote con el sistema, a lo mejor ya tiras la toalla. La mitad de los actuales se jubilará en los próximos años y los procesos de selección están anticuados y son muy lentos, si bien son meritocráticos y no clientelares. Urge, pues, modificar las oposiciones, porque hoy ya no basta la memorización (aunque es eficaz), se necesitan además otras competencias y en Europa hay ya diversos tipos de procesos de selección que son estrictamente meritocráticos pero no solo memorísticos, porque la esencia del sistema es que entren los mejores y que el proceso de selección sea impermeable, que haga imposible el acceso por vía clientelar. Por otra parte, pocos jóvenes actuales están dispuestos a dedicar varios años de su vida a empollar y cantar temas, aparte de que muchos no se lo pueden permitir, lo cual se traduce en pérdida de talento para la administración y desgracia para el ciudadano.

Que la calidad de la atención al ciudadano en España ha perdido mucho en los últimos años no es ningún secreto y también aquí hay un antes y un después de la pandemia. La administración española sí aprueba en digitalización, aunque el problema es que el 40% de los ciudadanos no tiene las competencias digitales que le permitan el acceso, a lo que se añade que el lenguaje administrativo es abstruso. Precisamente acaba de celebrarse la I Convención del Lenguaje Claro y Accesible, una iniciativa de la Asociación de Academias de la Lengua Española muy loable en este sentido, porque la angustia cuando se recibe una carta de un sitio ‘oficial’ empieza incluso antes de leerla.

España se sitúa por debajo o en la media de los países de la UE en número de funcionarios y de cara a mejorar los servicios públicos debería plantearse la ampliación, porque parte del problema es que se esté atendiendo a casi 49 millones de personas con lo dimensionado para atender a 40 millones, y más aún es un problema el envejecimiento de esa población. Según Ramió, este es ‘el gran elefante en la habitación’ del que no se habla, porque España es el tercer país del mundo más expuesto al envejecimiento, según los expertos. Eso conllevaría un sobrecoste solo en gasto social y sanitario de un 12% del PIB, una barbaridad.

Así, si bien el diagnóstico puede quedar claro y la solución ser fácil de comprender, resulta un reto muy difícil, porque en nuestro país los partidos políticos perciben la administración como un botín (no están protegidos los directivos públicos, un cambio de gobierno implica cambios en las jerarquías y se ‘coloca’ a personas de confianza en puestos que debieran ser estrictamente administrativos, personas cuyo puesto depende de su obediencia ante el partido); los sindicatos defienden privilegios; en sectores como la universidad o la judicatura hay corporativismo. De modo que, por más necesario y urgente que resulta acometer una reforma de la administración española para actualizarla y hacerla más eficiente y capaz de servir al ciudadano, parece muy difícil que vayamos a librarnos del colapso, porque para pasar de las palabras del ministro Escrivá en el Congreso a los hechos hay un larguísimo trecho que no podrá recorrerse mientras los principales líderes estén a ver quién insulta más y la estabilidad del gobierno pendiente de un hilo.

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