¿Hay que expropiar las viviendas vacías para darlas en alquiler? / Sin lugar a dudas

Cada vez que se hacen recurrentes las informaciones sobre las dificultades de conseguir una vivienda digna por parte de algunos colectivos se produce el efecto rebote de que saltan todas las falsas alarmas sobre la inminencia del inicio de la expropiación masiva de viviendas desocupadas. Pocas veces se repara en que la crisis habitacional alcanza ya a ciudadanos que sería impensable que se vieran envueltos en ella hace quince o veinte años. Hay casos extremos, como los de esos profesionales sanitarios obligados a vivir eso que los biempensantes llaman ‘pisos-patera’ en determinados lugares por demás paradisíacos. Ibiza por ejemplo.

O empresas hosteleras y hoteleras obligadas a proporcionar alojamiento además de sueldo si quieren tener trabajadores duchos en temporadas altas turísticamente hablando. Entonces, no queda más inmediato remedio que constatar las malísimas condiciones de esas infraviviendas temporales, tan próximas a aquellos pisos-patera donde se impone el sistema de ‘camas calientes’.

O esos otros profesionales de cualquier sector a los que, en determinadas zonas y meses, no les queda otra que hacer de furgonetas o autocaravanas su vivienda habitual ante la imposibilidad de establecerse en eso que los biempensantes de antes llamarían una casa decente o ‘como dios manda’.

Por no hablar de tantos jóvenes obligados a apalancarse en el domicilio paterno o materno ante la imposibilidad de siquiera plantearse la mudanza a un piso compartido con otros u otras, amigos previos o no. Ni que decir tiene que para muchísimas parejas e individuos jóvenes conseguir una hipoteca bancaria para poder plantearse optar a un minipiso en propiedad es algo no ya utópico, sino lo siguiente.

También, en determinadas zonas del centro de muchas ciudades grandes y medianas la voracidad de los especuladores de la vivienda turística hace a muchos vecinos en alquiler de toda la vida verse abocados a la incertidumbre de cambiar de barrio, presionados por los propietarios alquiladores o los fondos inmobiliarios especulativos que consiguen la propiedad de los inmuebles por el sencillo método de poner mucha guita encima de la mesa. Algunos hasta se quedan en la calle, directamente.

Con perspectiva viejuna, tampoco se puede olvidar que en el Estado español siguen produciéndose desahucios –’lanzamientos’, según el hipócrita lenguaje eufemístico legal– con la que sigue siendo a todas luces demasiada frecuencia, tanto por impago de hipotecas como por impago de alquileres; ambos, las más de las veces, por cantidades irrisorias.

Esa es, someramente –hay muchas más variables–, la casuística del problema, sí, tremendo problema habitacional que tiene actualmente la sociedad española. Lo que quiere decir que la pobreza factual sigue existiendo a niveles profundos, aunque las más de las veces quede oculta o disimulada por los datos macroeconómicos de que tanto se presume oficialmente. Y por el consumo desaforado.

La única conclusión posible: es radicalmente mentira que el mercado, al menos el de la vivienda, se autorregule (habría que ver cómo lo hace en otros sectores). Por tanto, se hace necesaria la intervención del Estado. Lo dice el artículo 47 de la Constitución española: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Vista la situación del mercado de la vivienda y leída la C.E., no cabe sino concluir que se hace necesaria la expropiación, temporal, provisional o definitiva de viviendas en manos de especuladores, individuales o corporativos. Sobre todo porque la tanto tiempo abandonada creación de un parque público de viviendas sociales asequibles necesita una planificación previa a medio plazo y un consenso político que no parecen estar al alcance, hoy por hoy, de las fuerzas mayoritarias del arco parlamentario. Amen et vale.

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