Mar Menor, una prioridad para el Gobierno de España

Siempre que visito el Mar Menor y miro sus aguas pienso que la situación sería totalmente diferente si la Región hubiera tenido un Gobierno regional comprometido con su protección. Hoy en día seguiría siendo el paraíso que, los que ya peinamos canas, tuvimos el regalo de conocer. 

Por más que López Miras se empeñe en hacer creer a la ciudadanía lo contrario, este problema no es nuevo. En 1987, con el Partido Socialista en el Gobierno de la Región de Murcia, se aprobó la primera ley de protección del Mar Menor. Ya entonces, hace 37 años, la comunidad científica advertía de la vulnerabilidad de este ecosistema y de la necesidad de protegerlo. Afortunadamente, en aquellos momentos, el gobierno del socialista Carlos Collado, con Fuentes Zorita como consejero, entendió esta necesidad y cumplió con su compromiso, impulsando y aprobando una norma que estaba a la vanguardia de su época. Por desgracia, esta ley fue rechazada desde el primer momento por el PP, que no dudó en recurrirla al Constitucional y, finalmente, derogarla en 2001. Toda una declaración de intenciones. De aquellos polvos, estos lodos.

El Partido Popular intenta imponer, con todos los instrumentos a su alcance, un estado de amnesia colectiva en la población para hacer olvidar que es el responsable de la situación crítica de la laguna. La realidad es tozuda. Los sucesivos gobiernos populares llevan cerca de 30 años haciendo oídos sordos a los avisos de los expertos, mirando hacia otro lado y consintiendo su contaminación. Hicieron falta varios episodios de ‘sopa verde’, que todo el mundo viera toneladas de peces agonizando en las orillas de la laguna y que miles de personas se echaran a la calle para que, debido a la presión mediática, el PP se dignara a sentarse a acordar una nueva ley que protegiera el Mar Menor. Fuera por lo que fuera, en 2020, con el apoyo del PSOE y el PP, nació la actual Ley de Protección.

En ese momento, muchos ciudadanos y ciudadanas pensaron que sería un punto de inflexión y que, a partir de ese momento, el Gobierno regional cumpliría con sus obligaciones, pero el PP les volvió a engañar. Simplemente, fue una huida hacia adelante, un gesto de cara a la galería. Cuatro años después de su aprobación, el Gobierno de López Miras sigue incumpliendo sistemáticamente la norma. Podría enumerar muchos de los puntos incumplidos, pero uno de los más graves es la aprobación de un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, que es básico para regular todas las actividades que se llevan a cabo en el entorno de la laguna y, por tanto, para su restauración. Para su puesta en marcha, se estableció un plazo de tres años, durante los cuales, se aplicaría una moratoria urbanística. No obstante, vencido este tiempo y, ante la inacción del Gobierno regional, decayó, dejando, de nuevo, desprotegido el Mar Menor por la irresponsabilidad del Partido Popular. Como respuesta, desde el Grupo Socialista, presentamos una PPL en la Asamblea Regional que resuelve este problema, pero el Partido Popular, hasta ahora, se ha negado a apoyarla.

Lo peor de todo es que no han aprendido nada. A pesar de haber comprobado empíricamente las nefastas consecuencias de la degradación del Mar Menor desde todas las perspectivas, tanto ambiental como social y económica, no solo es que se esté incumpliendo la ley, sino que el socio de gobierno de López Miras, Vox, ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional que, de facto, supone derogar la Ley de Protección. ¿Se puede ser más inconsciente?

Afortunadamente, tenemos un gobierno en España, presidido por Pedro Sánchez, que sí está comprometido con el Mar Menor y que está liderando su recuperación, actuando más allá de sus competencias. Fruto de esta apuesta, se aprobó el Marco de Actuaciones Prioritarias, que define la hoja de ruta para recuperar la laguna, con una inversión prevista de cerca de 500 millones de euros. Desde su aprobación, ya se han ejecutado 78,6 millones y comprometido 111 millones de euros, lo que ha permitido hacer las primeras intervenciones encaminadas a restaurar las ramblas mineras, poner en marcha los proyectos del cinturón verde o ayudar a los ayuntamientos a renovar las redes de saneamiento. De igual forma, gracias a un esfuerzo sin precedentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, ya se han cerrado casi 9.000 hectáreas de regadío ilegal, que ahora la Comunidad Autónoma debe devolver a su estado original. 

Por los valores ambientales del Mar Menor, por el futuro de los municipios ribereños, por su valor cultural y emocional, por su potencial turístico y por el bien de la actividad agrícola del Campo de Cartagena, necesitamos un Gobierno regional que cumpla, de una vez, con su responsabilidad y actúe, de verdad, para proteger y recuperar este ecosistema único en el mundo. Desde el Partido Socialista, vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.

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