¿Hay que reformar la ley del Mar Menor? / Mejorar lo que no se cumple

La proliferación de leyes, reglamentos y otras disposiciones en los boletines oficiales acaba formando un entramado enrevesado de exigencias que, al final, nadie cumple. No por voluntad de delinquir, sino porque resulta imposible estar al día de todas las imposiciones que los políticos nos exigen haciendo uso del papel timbrado.

La clase política, por otra parte, hace uso abusivo de la potestad legislativa y reglamentaria para fingir que está al tanto de los problemas que aquejan a los ciudadanos, a los que aplican como solución la redacción de nuevas leyes que reforman, derogan o se superponen a todas las anteriores. Así contribuyen a ese mar de los sargazos leguleyos en el que acaban desembocando las democracias.

¿Que están caros los alquileres? Se dicta una ley fijando límites de precios y se hacen ruedas de prensa para salir en el telediario. Luego resulta que la gente no es partidaria de perder dinero y decide no alquilar sus viviendas vacías, con lo que la oferta se restringe y el precio medio del alquiler aumenta todavía más, pero eso a los políticos les da igual. Si el problema se vuelve demasiado acuciante, vuelven a sacar otra ley aún más restrictiva que, desde luego, no resolverá nada, pero las semanas de entrevistas, ruedas de prensa y minutos de telediario presumiendo de la iniciativa, que es lo que importa a los políticos, no se los quita nadie.

La ley del Mar Menor no soluciona tampoco los problemas de nuestro ecosistema costero, entre otras cosas porque no se cumple. Pero es que esa ley no nació para resolver nada, sino para cubrir un compromiso político y tratar de hacer ver a la sociedad que los gobernantes murcianos se preocupan de un problema que se ha ido agravando con el tiempo por culpa, precisamente, de esos mismos políticos al frente de los dos grandes partidos.

El Gobierno regional tiró por el camino más fácil, que es el de criminalizar a los agricultores de la zona de todos los males del Mar Menor. Pero el hecho es que los desagües de los municipios ribereños siguen desembocando en las ramblas que dan al mar, los tanques de tormenta no cumplen su función y cuando diluvia entran a la laguna toneladas de tierra y detritus, mientras la clase política mira para otro lado porque ya se ha decidido que el único culpable de que los peces mueran es el paisano que cultiva su bancal.

¿Acaso no llama la atención que PP y PSOE no se acusen de los vertidos urbanos que, aún hoy, siguen entrando a la laguna? Eso es porque ambos son culpables, dado que gestionan al alimón los ayuntamientos que dan al Mar Menor, sin que ninguno de ellos haya mejorado sus redes de saneamiento durante décadas, una dejación de funciones sobre la que todos pasan de puntillas, porque entre bomberos, ya se sabe, no nos pisamos la manguera.

Por todo ello, resulta pertinente la reforma de una ley que es hemipléjica en cuanto a las causas del problema que pretende resolver y que, además, nadie está cumpliendo. Y no cabe acusar de ecocida o de agente de Trump al que pretenda poner algo de sensatez en una regulación que debería obedecer a criterios estrictamente científicos, sin lugar para la propaganda de unos y otros.

Vox ha anunciado una reforma, pero, a día de hoy, no se sabe en qué consistirá. 

Llegado su momento habría que estudiarla sin prejuicios ni apriorismos ideológicos, aunque en la política actual, pedir racionalidad y altura de miras a los que hacen las leyes es hacer el ridículo.

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